Ganaderos y sindicatos piden apoyo institucional para al ganadería extensiva de Huesca ante la presencia del lobo

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Ganaderos y representantes de los sindicatos UAGA, ASAJA y UPA han mantenido esta mañana una reunión en la Diputación Provincial de Huesca para trasladar a su presidente la preocupación que suscita la presencia del lobo en el medio rural. Así han solicitado el apoyo institucional a las medidas que plantean ya que consideran que las administraciones deben ser coherentes con el discurso contra la despoblación y atender a las demandas de las personas que viven y sustentan el medio rural.

En la reunión de esta mañana, han  pedido que la Diputación Provincial de Huesca apoye las necesidades del colectivo de ganaderos, que consideran que “la presión depredadora del lobo, lejos de ser una muestra de vitalidad del medio natural es un riesgo para su conservación”. 

A esta solicitud, se suma la iniciativa que el Partido Popular ha presentado sobre este tema para el debate en el pleno de mañana. En este sentido, el Presidente se ha comprometido a trasladar al resto de los grupos políticos la iniciativa de ganaderos y sindicatos para promover una moción institucional o con el mayor apoyo posible de la corporación provincial, en la que se recojan tanto los puntos expuestos como otros que impliquen también a los Gobiernos autonómico y al estatal. Se insta también a que el Gobierno de Aragón se coordine con el de España para la captura del lobo e integrarlo en los hábitats naturales de procedencia de la especie. 

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La ganadería extensiva es una de las actividades más perjudicadas por los ataques del lobo y por eso en la reunión han manifestado la necesidad de que el Gobierno de Aragón elabore un protocolo de actuación para los ganaderos en los casos que se vean afectados sus rebaños por un ataque del lobo. 

En los últimos meses, según los datos aportados por los sindicatos, los ataques sufridos por los lobos han provocado la muerte de 360 ovejas. Ante esta realidad, piden que tanto el Gobierno de Aragón como el de España se hagan cargo a partes iguales de los costes económicos ocasionados por los daños y que los expedientes de reclamación de daños se resuelvan en un plazo máximo de 3 meses.

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