La situación de la presión de la ganadería intensiva en Ribagorza presenta dos caras bien diferenciadas entre la parte alta y la baja de la comarca siendo esta última la más afectada por un problema que toca tangencialmente a la zona norte del territorio.
Pero en la Baja Ribagorza y en la parte oriental el problema de la proliferación de granjas, fundamentalmente de porcino, ha adquirido tintes que desde distintos colectivos ciudadanos del territorio consideran «alarmantes» ya que existen algunos puntos de la comarca con evidentes síntomas de saturación de infraestructuras ganaderas con su corolario de contaminación ambiental y su incidencia negativa sobre los acuíferos del entorno.
Una situación que vienen denunciando en los últimos años desde Ecologistas en Acción Ribagorza, entidad que está llevando a cabo una campaña de análisis de las aguas ribagorzanas que está deparando unos resultados muy preocupantes por el alto índice detectado de nitratos y otros elementos procedentes, en buena medida, de la industria ganadera.
Ello ha motivado iniciativas como la de un grupo de vecinos del núcleo grausino de Torres del Obispo que inició una campaña de recogida de firmas para demandar al Ayuntamiento una moratoria en la instalación de nuevas instalaciones ganaderas ante el estado de contaminación que presentan la mayor parte de los acuíferos de su entorno. Una iniciativa que, tras la petición en este sentido del concejal de Podemos en Graus, desembocó en la creación en el consistorio de una mesa participativa sobre el estudio de la situación de la contaminación de las aguas del municipio y su relación con la actividad ganadera en la que participan todos los grupos políticos con representación en el consistorio y distintos agentes sociales y económicos del territorio pero que, pese a que se aprobó su creación hace un par de meses, aún no ha comenzado a funcionar.
Teóricamente, esta mesa servirá para sentar las bases sobre el futuro desarrollo de proyectos ganaderos en Graus, municipio que junto con los vecinos de Secastilla, La Puebla de Castro, Capella, Lascuarre, Estada, Estadilla y Fonz están considerados como “Zona Vulnerable” desde 2019. Independientemente, Gema Betorz, la alcaldesa grausina, señala que el consistorio está estudiando en la actualidad la situación de distintos proyectos en trámite pero recuerda que la decisión de considerar una posible saturación de instalaciones ganaderas «es algo que depende del Inaga y en la que los municipios tenemos poco que decir si no se contraviene la legislación vigente».
En el otro gran municipio ribagorzano susceptible de tener problemas con las granjas, Benabarre, su alcalde, Alfredo Sancho, comenta que han trasladado un informe de la situación de contaminación de las aguas denunciada por distintos colectivos a las ADS del municipio. «No obstante –puntualiza-, hemos realizado otros estudios paralelos y, aunque revelan una cierta contaminación puntual, no son tan alarmistas como los que se han dado a conocer hace unas semanas». Abundando en este tema, Sancho reconoce la preocupación existente en el consistorio pero puntualiza que «hasta la fecha» no ha habido «ningún problema» con las granjas en el término municipal y apunta que «tampoco hay en la actualidad una presión excesiva sobre nuevos proyectos».
Muy combativos contra lo que consideran un «crecimiento exponencial» de nuevas granjas en la comarca, los de Ecologistas en Acción Ribagorza consideran que desde las administraciones locales se está haciendo «poco o nada» contra esta proliferación. «Ribagorza está muerta en este aspecto, que yo sepa no hay nada institucional para frenar la instalación de nuevas granjas y no se mueve nada aquí más allá de una misteriosa mesa en Graus que todavía no se ha convocado», señala el portavoz de la entidad, Jesús Sampériz, recordando que han solicitado al Ayuntamiento de Benabarre que paren nuevas concesiones hasta que se aplique el nuevo Real Decreto en trámite «muy avanzado y bastante más restrictivo que la legislación actual» sobre explotaciones ganaderas.
