El Gobierno de Aragón ha autorizado este miércoles a la Dirección General de Servicios Jurídicos la personación de la Administración de la Comunidad Autónoma como acusación particular en las diligencias previas abiertas por la presunta comisión de un delito de incendio forestal en relación con el fuego iniciado el pasado 10 de agosto en Santa María de la Peña (Huesca). El acuerdo permitirá ejercer, en su caso, las acciones civiles y penales que puedan derivarse del procedimiento judicial.
El incendio, el de mayor magnitud registrado en Aragón desde 1994, provocó importantes daños sobre el medio natural, las infraestructuras públicas y las poblaciones de la zona. La afección alcanzó a la masa forestal, los ecosistemas y al patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural.
Además, el fuego puso en riesgo la integridad de los numerosos efectivos que participaron en las labores de extinción y provocó el fallecimiento de Javier García Sancho, militar de la Unidad Militar de Emergencias. Otros tres integrantes de la UME resultaron heridos durante el operativo.
La emergencia obligó también al desalojo y evacuación de numerosas localidades, así como al confinamiento de otras durante varios días. El incendio afectó asimismo a espacios de especial valor ambiental y patrimonial, entre ellos los Paisajes Protegidos de San Juan de la Peña y Monte Oroel y de la Sierra de Santo Domingo.
La magnitud del fuego exigió el mayor despliegue de medios realizado hasta la fecha en Aragón para combatir un incendio forestal, con la participación de hasta 42 medios aéreos y más de un millar de efectivos de distintas administraciones y organismos, además de recursos internacionales movilizados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.
Con esta autorización, la Administración de la Comunidad Autónoma se incorporará al procedimiento judicial para ejercer las acciones civiles y penales que correspondan en defensa del interés público y de los intereses de la Comunidad Autónoma afectados por el incendio.
Aragón solicita al Estado la declaración de zona afectada gravemente por el incendio de Las Peñas de Riglos
El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para los seis municipios afectados por el incendio forestal declarado el pasado 10 de agosto en Las Peñas de Riglos.
La solicitud comprende los términos municipales de Las Peñas de Riglos, Bailo, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Caldearenas y Jaca, donde el fuego quemó más de 14.500 hectáreas y causó importantes daños en masas forestales, infraestructuras públicas y privadas, campos de cultivo y explotaciones agrícolas y ganaderas.
La magnitud del incendio obligó a activar la fase de emergencia en Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO) y a movilizar medios extraordinarios nacionales e internacionales para hacer frente a la emergencia.
Durante la emergencia se adoptaron medidas de protección para 21 poblaciones. Un total de 19 núcleos tuvieron que ser evacuados y otros dos fueron confinados ante el riesgo provocado por el humo. Aragón solicitó además el apoyo de Francia mediante el Acuerdo de Málaga y activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para reforzar los medios disponibles frente al incendio.
La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil permite que las administraciones públicas afectadas soliciten esta declaración cuando una emergencia haya causado daños personales o materiales que alteren gravemente las condiciones de vida de la población o provoquen la paralización de servicios públicos esenciales.
El Gobierno de Aragón considera que la extensión del incendio, las medidas de protección que fue necesario adoptar y los importantes daños sufridos justifican la solicitud de esta declaración para los seis municipios afectados.
Con este acuerdo, el Gobierno de Aragón pretende facilitar la movilización de los mecanismos de apoyo previstos para este tipo de emergencias y contribuir a la recuperación de los municipios afectados, sus infraestructuras y su actividad económica.
La solicitud al Gobierno de España se suma a las medidas ya impulsadas por el Ejecutivo autonómico para dar respuesta a las situaciones de emergencia y facilitar la recuperación de las zonas afectadas por catástrofes naturales. La declaración estatal permitiría complementar esos instrumentos autonómicos con nuevas ayudas y medidas de apoyo para los municipios, las empresas y los particulares afectados.
El acuerdo autoriza al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, a remitir la solicitud a los ministerios de Hacienda y de Interior para que impulsen las actuaciones necesarias para la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
