La Diputación Provincial de Huesca ha encargado a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca un estudio económico para identificar y cuantificar los perjuicios derivados del retraso en la ejecución de la variante de Sabiñánigo de la A-23. La institución provincial quiere disponer de datos objetivos que permitan conocer cuánto está costando al Alto Aragón la prolongación de unas obras que llevan meses paralizadas y que están afectando a todo el tejido empresarial del Pirineo.
El encargo cobra especial relevancia tras conocerse la semana pasada que las empresas adjudicatarias han incumplido el último requerimiento del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para iniciar los trabajos necesarios para recuperar los accesos a Sabiñánigo, cerrados desde el verano de 2025. Una situación que prolonga la incertidumbre para los vecinos y para numerosos sectores económicos, especialmente ante la proximidad de la temporada turística de invierno.
La Diputación de Huesca ya ha mantenido reuniones con asociaciones locales para conocer de primera mano las consecuencias de esta situación. La institución provincial ha manifestado reiteradamente su preocupación por el retraso de una infraestructura estratégica para el Alto Aragón, una inquietud que también han trasladado públicamente las Cámaras de Comercio de Aragón, advirtiendo de sus consecuencias para la actividad empresarial y la competitividad del territorio.
El presidente de la Diputación, Isaac Claver, considera que “es hora de hablar de las consecuencias. Queremos saber cuánto le está costando al Alto Aragón este retraso, porque detrás de los atascos y los desvíos hay empresas, trabajadores y familias que llevan demasiado tiempo soportando esta situación”. El estudio prestará especial atención a los efectos sobre diversos sectores como el comercio, la hostelería, el turismo, el transporte o la industria. Se analizarán tanto los perjuicios directos como los indirectos, incluyendo los sobrecostes en los desplazamientos, las dificultades de acceso, la repercusión sobre la actividad empresarial y sus posibles consecuencias sobre el empleo.
Uno de los aspectos fundamentales será calcular el coste económico del tiempo adicional que vecinos, trabajadores, transportistas y visitantes deben dedicar a sus desplazamientos como consecuencia de las afecciones de las obras. Para realizar estas estimaciones se utilizarán, entre otras herramientas, las recomendaciones de la propia Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la evaluación económica coste-beneficio de estudios y proyectos de carreteras, que contemplan la valoración económica del tiempo de viaje y de los costes asociados. Además, para la evaluación de otros perjuicios no monetizables, se trabaja con encuestas a agentes territoriales y empresas para identificar impactos cualitativos adicionales en la provincia
El análisis también tendrá en cuenta las limitaciones de los itinerarios alternativos, especialmente la carretera A-132, cuyo propio trazado condiciona los desplazamientos y que durante 2026 ha registrado obras, restricciones de circulación y cortes temporales en determinados horarios.
Con este trabajo, la Diputación dispondrá de una base técnica y documental para trasladar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el alcance económico y social de las afecciones y reforzar la reivindicación de una solución definitiva que permita recuperar cuanto antes la normalidad.
