Esta partida, incluida en el Componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se completará en los años 2022 y 2023 con una inversión total de 670,1 millones para la creación de más de 65.000 plazas públicas y gratuitas. En total, a lo largo de los tres ejercicios, Aragón recibirá 18.520.366 euros, que permitirán la creación de 1.818 nuevas plazas públicas gratuitas de Educación Infantil hasta 2023.

El impulso a la escolarización de 0 a 3 años es una de las principales inversiones educativas del Plan de Recuperación, ya que la participación en esta etapa es uno de los predictores más importantes de la mejora de los resultados y del desempeño educativo futuro de los niños y niñas. Además, disponibilidad y accesibilidad a estas plazas contribuye a la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

“Se trata de una medida de gran impacto social porque facilitará a más de 65.000 familias el poder escolarizar a sus hijos desde la primera infancia”, ha subrayado la ministra Pilar Alegría. “Esto aliviará la economía de muchas parejas y les permitirá también reincorporarse antes a la vida laboral activa. Especialmente a las mujeres jóvenes, ya que suele ser sobre las que recae mayoritariamente el cuidado de los hijos”, ha añadido.

Los fondos aprobados hoy por el Gobierno suponen una inversión de 200.790.000 euros, que permitirán la creación de 21.794 plazas de primer ciclo de Infantil, prioritariamente para niños de 1 y 2 años. La partida se completará con la de los años 2022 (331.026.898 euros) y 2023 (134.774.300 euros) y la financiación destinada a Ceuta y Melilla, para un total de 670,1 millones de euros. Fondos que se traducirán en 65.382 nuevas plazas gratuitas de titularidad pública a crear hasta el 15 de septiembre de 2024.

“Es una inversión en bienestar social, en calidad y equidad educativa y en equilibrio territorial, puesto que en su implantación se deberá priorizar el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y la extensión a áreas rurales”, ha señalado la titular de Educación y Formación Profesional.

Fondos para la cualificación de trabajadores

Dentro también del Plan de Recuperación, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la distribución de 87,7 millones de euros para actividades de cualificación y recualificación de la población activa, con especial atención a aquellos sectores con mayor número de personas en ERTE, al sector del cuidado de las personas y a las zonas en riesgo de despoblación. En el caso de Aragón, recibirá un total de 3.216.875,40 millones de euros, de los cuales 1.268.108,50 euros son para zonas en riesgo de despoblación, 348.042,24 euros para el sector del cuidado de las personas y 1.600.724,78 euros para sectores estratégicos.

Los fondos destinados a despoblación y cuidado de las personas, que ascienden a 24,5 millones de euros, permitirán la formación de 44.662 trabajadores o personas en búsqueda de empleo, mientras que los 63,2 millones destinados a sectores estratégicos permitirán la formación de 160.000 más.

Las acciones formativas atenderán prioritariamente a la formación en competencias emergentes, de rápida evolución y con prospectiva en la generación de empleo. Asimismo, atenderán también a la formación en aquellos sectores que, como consecuencia de la previsible evolución de las condiciones económicas y sociales, generarán en el futuro puestos de trabajo.

“La cualificación y recualificación del capital humano de nuestro país es uno de los requisitos indispensables para poder afrontar con éxito la transformación de nuestra economía, para lo que necesitamos trabajadores formados, bien cualificados, que respondan a las necesidades de cada sector productivo”, ha explicado Pilar Alegría.

Regulación de la evaluación, promoción y titulación

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al Real Decreto que regula la evaluación, la promoción y la titulación de las diferentes etapas educativas, cambios que entrarán en vigor en este mismo curso 2021-2022.

El objetivo del decreto es promover una evolución positiva del alumnado, especialmente durante la educación obligatoria, favoreciendo una mayor garantía de aprendizaje para los escolares y manteniendo sus expectativas de lograr una formación tan avanzada como sea posible.

El texto establece que, en las etapas obligatorias (Primaria y ESO), la evaluación de los alumnos y alumnas será continua. La promoción no estará supeditada a un número de materias no superadas, sino que las decisiones sobre el paso de curso y la titulación recaen enteramente en el equipo docente.

En el caso de la Educación Primaria, esta decisión se someterá a consideración al finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo automática la promoción en los demás. En ESO, el equipo docente valorará si la evolución global de un alumno le permite avanzar de curso con expectativas favorables de recuperación de las materias no superadas.

El Real Decreto subraya que la repetición debe ser una medida absolutamente excepcional que solo se tomará tras haber agotado las medidas de refuerzo y apoyo, y siempre y cuando se estime que es lo más adecuado para favorecer el desarrollo del alumno. En cualquier caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

“Este sistema de evaluación hace hincapié en la detección temprana de las posibles dificultades, la adopción de medidas de refuerzo tan pronto como se vean necesarias y de medidas de recuperación para asegurar los aprendizajes poco asentados”, ha señalado la ministra.

Por último, se suprimen las convocatorias extraordinarias de junio y/o septiembre, en virtud de lo dictaminado por el Consejo de Estado. La moratoria para la aplicación de esta medida introducida por la ministra en el borrador del Real Decreto ha sido anulada por este órgano consultivo al considerar que no puede establecerse un régimen diferenciado en la programación de cada CCAA.

En cuanto al Bachillerato, cabe destacar que la promoción entre el primer y el segundo curso exigirá un máximo de dos materias no superadas, con una evaluación continua y diferenciada por asignatura. Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva de todas las materias, aunque se prevé la posibilidad de obtenerlo de manera extraordinaria con una materia no superada siempre que el alumno haya alcanzado los objetivos y competencias de la etapa, haya cursado dicha materia con normalidad (asistencia clase, realización de exámenes, etc.) y que la media aritmética de las calificaciones de todas las materias sea igual o superior a cinco. Esta decisión la tomará el equipo docente de manera colegiada.

Esta nueva Línea de Avales se aprobó en el Real Decreto-ley 25/2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Si con la anterior línea se dio cobertura a las necesidades de liquidez y circulante del tejido productivo, se impulsa ahora también la inversión de los autónomos y empresas españolas. 

Hasta ahora, empresas y autónomos aragoneses han recibido 20.799 préstamos con la línea de Avales, que suponen una financiación de 2.515,8 millones de euros destinados a garantizar la liquidez, mantener el tejido productivo y asegurar el empleo. 

Por provincias, a Zaragoza corresponden 14.307 operaciones y 1.860 millones de euros; a Huesca, 4.356 operaciones y 462,9 millones de euros, y a Teruel, 2.136 operaciones y 192,9 millones de euros.

En total, con datos a 26 de julio, se han aprobado un total de 741.542 operaciones en todo el país, avaladas con 70.206 millones de euros, que han permitido canalizar financiación al tejido productivo por importe de 92.314 millones de euros. 

Más del 97% de las operaciones avaladas (719.830) se concentran en pymes y autónomos, con un importe de 51.003 millones, lo que les ha permitido obtener financiación por 63.808 millones de euros.

La nueva Línea de Avales aprobada este martes garantizará los préstamos para la realización de nuevas inversiones, así como los gastos relacionados con las mismas y con la mejora del proceso productivo. También podrá cubrir necesidades de financiación derivadas del pago de salarios, facturas o vencimiento de obligaciones financieras o tributarias, entre otras. 

 Características de la Línea de Avales para liquidez 

Esta nueva Línea de Avales cuenta con una dotación de 40.000 millones de euros. El primer tramo activado en el acuerdo de ayer tiene un importe de 8.000 millones de euros, de los cuales 5.000 se destinarán a garantizar préstamos de autónomos y pymes, y 3.000 para el resto de empresas. 

Dado el éxito de la Línea de Avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se mantiene el diseño, gestión y modelo de asignación. 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) será el encargado de tramitar la nueva línea, manteniéndose el modelo de colaboración público-privada con las entidades financieras. 

Se repite la activación por tramos, lo que permite adaptar la asignación de recursos a las necesidades de las empresas, manteniendo en todo momento el flujo de financiación. Se continúa también con la asignación de los avales entre los operadores en proporción a su cuota de mercado, garantizándose que los clientes de todas las entidades financieras tengan acceso a financiación avalada. 

Asimismo, las empresas que soliciten esta financiación garantizada no podrán tener su sede en paraísos fiscales y los recursos avalados no podrán emplearse para el pago de dividendos.

El aval garantizará el 80% de las nuevas operaciones de autónomos y pymes y el 70% de los préstamos solicitados por el resto de empresas. Se amplía hasta ocho años (frente a los cinco de la línea de liquidez) el plazo máximo de cobertura del aval, para ajustarlo al mayor plazo de amortización que requieren las inversiones. 

Los autónomos y empresas interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 1 de diciembre de 2020.