51 municipios de menos de 2.000 habitantes de la provincia de Huesca, prácticamente uno de cada tres, han solicitado ayudas de la DPH para instalar cámaras de videovigilancia en sus pueblos. Un interés que demuestra la preocupación que existe en el territorio por el aumento de robos en casas y fincas, y que este tipo de sistemas es útil para la prevención del vandalismo, así como para facilitar el esclarecimiento de delitos. Además, sirve también como palanca disuasoria para frenar los robos en el campo.
La Diputación Provincial de Huesca está apostando de forma decidida por acciones que mejoren la seguridad del territorio, ya que para esta institución “la protección y la estabilidad son premisas fundamentales para mantener un medio rural vivo y con negocios activos”. Por ello, se ha puesto en marcha un nuevo Plan de Seguridad Rural, dotado con 100.000 euros, que permitirá emplear las nuevas tecnologías y herramientas digitales, como son los sistemas de videovigilancia, para combatir la inseguridad en el territorio. Gracias a esa subvención, los ayuntamientos pueden incorporar como gastos la adquisición, instalación y puesta en servicio de un sistema de videocámaras en uno o varios puntos de acceso al municipio.
Pero este no es el único Plan de la DPH destinado a mejorar la seguridad en la provincia. Este año ya se incrementó de 100.000 a 173.000 euros la partida del Plan de Reparación y Reforma de cuarteles de la Guardia Civil. Además, este mes de octubre quedaba aprobado en pleno otro Plan para mejorar los equipamientos de los diez cuerpos de policía local con los que cuenta la provincia de Huesca. Se trata de la primera vez en la historia de la Diputación que se abre una línea de ayudas, dotada con casi 70.000, para este cuerpo policial. De esta forma, los ayuntamientos de Huesca, Monzón, Barbastro, Fraga, Jaca, Binéfar, Sabiñánigo, Graus, Benasque y Sallent de Gállego van a poder asumir nuevas inversiones en equipamientos como vehículos, reforma de instalaciones o material policial.
Algunos testimonios del Plan de Seguridad Rural
OSSO DE CINCA | Sara Campos
La alcaldesa de Osso de Cinca, Sara Campos, ha proyectado la instalación de varias cámaras de videovigilancia para el control de las entradas y salidas de la localidad, el colegio, la plaza mayor y las piscinas. De esta manera, no sólo prevé atajar la seguridad de puntos susceptibles de vandalismos, sino también “evitar robos de casetas de campo y de gasoil agrícola”, explica Campos.
TORLA | Jesús Lardies
En coordinación con la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Torla ha iniciado el proceso para la instalación de cámaras de videovigilancia en el extrarradio de la localidad. El alcalde, Jesús Lardies, contempla tres puntos a tal efecto: la entrada, el polideportivo, y una zona recogida de residuos “en la que se busca disuadir del mal uso que se le pueda dar”. El objetivo de estas medidas pasa por aumentar el control sobre posibles actos de delincuencia que se puedan producir en el término municipal, especialmente en la temporada alta de turismo.
AZLOR | Montse Galindo
La localidad de Azlor celebra su adhesión al Plan de Seguridad Rural. “Era algo que llevábamos tiempo pidiendo”, explica la alcaldesa, Montse Galindo, para quien esta inversión supone “una barrera de disuasión para prevenir delitos y un recurso valioso para rastrearlos en el caso de haberse cometido”. El dispositivo contará con tres cámaras de videovigilancia en las tres entradas principales del lugar, y desean poder ampliarlo a todas en el futuro. Además, estas dispondrán de tecnología de lectura de matrículas para facilitar una eventual investigación.
