Comienza el curso escolar para los 248 alumnos de los centros escolares de infantil, primaria y secundaria de Mequinenza

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Primer día del curso escolar 2024-2025 para los 248 alumnos de infantil, primaria y secundaria de los centros escolares de Mequinenza. Del total 167 lo han hecho en el Colegio María Quintana y los 81 restantes en el IES Joaquín Torres. Las cifras, que con toda probabilidad sufrirán modificaciones al alza durante los próximos meses, son ligeramente superiores a las registradas hace ahora un año.

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En lo referente a profesores el centro de infantil y primaria tiene para este curso 18 docentes, uno menos que el curso pasado, ya que se ha pasado de tres cursos con desdoble a dos, cuarto y por primera vez sexto. El de secundaria por su parte cuenta con 17 profesores.

Ambos centros inician el curso sin novedades significativas más allá de la consolidación de los programas que se pusieron en marcha el curso pasado, como por ejemplo las “entradas relajadas” del Colegio María Quintana, en el que los alumnos pueden acceder a las aulas de forma escalonada desde las 8.50 de la mañana, o el ajuste de horarios que se realizó el curso pasado en el IES Joaquín Torres para permitir descansos entre clases.

La preocupación pasa por el futuro del programa “Jesús Moncada”, que toma el nombre del escritor de la localidad, para la difusión del catalán y sus modalidades lingüísticas entre el alumnado que además facilita recursos y apoyo al profesorado que imparte catalán de Aragón con un conjunto de actividades. 

El Gobierno de Aragón todavía no ha hecho pública la convocatoria para el curso 2024-2025 lo que genera dudas en su continuidad, como ya se puso de manifiesto el Seminario de Profesores de Catalán a finales del pasado mes de febrero en la celebración del 40 aniversario de la Declaració de Mequinensa, firmada en 1984 y que sentó las bases de la enseñanza del catalán en las aulas aragonesas. 

Un acto que coincidió con el anuncio del ejecutivo autonómico, entonces formado por la coalición PP-VOX, de eliminar el reconocimiento del catalán y aragonés de la Ley de Patrimonio y suprimir las ayudas a entidades que defienden las lenguas propias de Aragón además de eliminar del organigrama de gobierno la Dirección General de Política Lingüística.

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