Entidades políticas como Chunta Aragonesista y ciudadanas, como la Plataforma en Defensa de las Montañas o Ecologistas en Acción, han mostrado su rechazo ante el anuncio de Aramon de mantener los trabajos de ampliación de la estación de esquí de Cerler por Castanesa.
La formación aragonesista ha hecho público un comunicado en el que su presidente, Joaquín Palacín, señala la oposición «histórica, conocida y puesta en la mesa desde siempre porque no compartimos ese modelo de desarrollo, que lleva implícita la especulación urbanística y una agresión irreversible al medio ambiente en zonas, además, especialmente sensibles como es la montaña».
Palacín recuerda la «fragilidad» del monocultivo del esquí como recurso económico y desconfía de la viabilidad económica de este proyecto «en un momento en el que vemos una evolución climática que no garantiza el funcionamiento natural de estas instalaciones en el futuro».
La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, por su parte, señala que este proyecto, «de un pasado asociado a la burbuja inmobiliaria», ya fue rechazado por los tribunales hace una década por su especulación urbanística y el impacto que producía en una zona de alta montaña de elevado valor patrimonial y gran fragilidad.
«Estas cuestiones siguen más vigentes que nunca, con el añadido del actualmente reconocido cambio climático que convierten en aún más absurdo este proyecto a realizar en una zona de dudosa innivación», apuntan desde la Plataforma reafirmándose, «como hace una década», en su oposición a este «modelo especulativo» frente a la posibilidad de apostar por otros modelos que asegurasen un futuro viable.
En la misma línea, desde Ecologistas en Acción, EA, se preguntan de dónde sacará el dinero el Gobierno de Aragón para financiar esta ampliación de Cerler y de qué otra partida detraerá esos recursos.
«Y aún antes de preguntar si existirán los fondos necesarios, cabría preguntarse si las condiciones administrativas y la voluntad de las partes que deben facilitar la construcción, están por la labor de hacer realidad un proyecto que ya empieza a florecerse en los archivos de la memoria» señalan los Ecologistas apuntando que la Junta de Propietarios de la Montaña de Castanesa queda a expensas de que se reconozca la expropiación forzosa de estos bienes que deberá aprobar el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.
Para EA, en las condiciones que dicta la realidad marcada por el Covid19 «se entendería difícilmente que el Gobierno de Aragón apostara los recursos de todos los aragoneses para favorecer una operación de especulación urbanística que, en cualquier caso, se encontraría muy lejos de ser una prioridad social, pero que en las actuales circunstancias sería especialmente hiriente».
Entienden los ecologistas que lo que consideran como un «cúmulo de irregularidades» que este proyecto tiene en su haber, sumado a las exigencias a que obliga la grave crisis que tienen que afrontar los aragoneses, «aconsejaría un análisis sosegado que valorara, como están haciendo otras comunidades autónomas, el desarrollo rural y la explotación racional de los recursos naturales bajo otra perspectiva».
