El PSOE denuncia que el PP pretendía aplicar una subida de 300.000€ en las tasas de la residencia municipal y finalmente la modificaba tras no contar con apoyo suficiente.
El Grupo Municipal Socialista de Barbastro denuncia que el Ayuntamiento ha incurrido en un incumplimiento de la regla de gasto por valor de 1.542.931,67 euros, lo que obliga legalmente a la elaboración y aprobación de un Plan Económico Financiero (PEF) para los ejercicios 2025 y 2026.
Tal como establece la normativa, este plan debe aprobarse en un plazo máximo de dos meses desde la liquidación del presupuesto, lo que situaba el 30 de junio como fecha límite. Como los malos estudiantes, el gobierno del Partido Popular espero al último día hábil para aprobarlo, con falta de transparencia y sin diálogo previo con los grupos municipales.
Desde el PSOE de Barbastro rechazamos frontalmente la intención inicial del PP de incluir en dicho plan una subida de 300.000 euros en las tasas de la residencia municipal para el año 2026. Una medida que no había sido consensuada dentro del propio equipo de gobierno con la concejal de VOX responsable del área de Bienestar Social, ni con el resto de los grupos políticos, ni explicada a los residentes ni a sus familias. Solo la presión del resto de los grupos municipales hizo que el PP se quedase solo y esta propuesta fuese finalmente modificada antes del pleno, al no contar con la mayoría necesaria para su aprobación.
Daniel Gracia, portavoz socialista, lamentó la mala gestión del gobierno local y criticó la falta de sensibilidad social de la propuesta: “La Traen aquí el plan el último día de plazo. Su mala gestión y el derroche en gastos llevan al Ayuntamiento a tener que hacer este Plan Económico Financiero. Y si malas son las consecuencias del mismo, peor es todavía la solución que querían aplicar para cuadrar las cuentas: aumentar las tasas de la residencia municipal.”
Desde el PSOE exigimos al gobierno municipal transparencia, responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y que se garantice la sostenibilidad económica del Ayuntamiento sin cargar el coste sobre los servicios públicos esenciales ni sobre los más vulnerables.
