En pleno debate sobre los recortes que están sufriendo los presupuestos de los espacios naturales de Aragón y la supresión de puestos de trabajos directamente generados por su preservación y mantenimiento, el grupo del PAR en la DPH defenderá en el próximo pleno de la institución provincial una propuesta de resolución en la que plantea que la Diputación inste al Gobierno de Aragón para que cualquier ampliación o creación de espacios naturales protegidos cuente con el consenso social de la población de los territorios afectados y con la consiguiente aportación presupuestaria suficiente en compensación y respaldo al desarrollo socioeconómico de los municipios implicados.
Esta iniciativa del PAR tiene carácter general aunque está directamente vinculada a la intención, expuesta en distintos foros, de constituir un Espacio Natural Transfronterizo en los Pirineos, que supondría nuevas zonas protegidas en distintos valles de diferentes comarcas, mediante la ampliación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y del Parque Natural Posets-Maladeta, la creación de un espacio protegido en el Anayet y el trazado de corredores ecológicos en otros lugares, según se explica en la motivación de la propuesta aragonesista en la DPH, aunque, como recuerdan los aragonesistas, a día de hoy aproximadamente el 60% del territorio pirenaico en Aragón está ya en la Red Natura 2000.
Este planteamiento de espacio transfronterizo coincide con las actuales disminuciones de las ayudas directas a entidades locales, particulares y asociaciones en los municipios con espacios naturales protegidos, reducción de gastos con cierre de algunos servicios y el descenso en un 25 por ciento del presupuesto del Parque Nacional de OrdesaMonte Perdido, además de dudas respecto a la contratación del personal de temporada para tareas en esas zonas.
«Es decir –apuntan desde el PAR-, recortes en las compensaciones y promoción de desarrollo para los habitantes y territorios afectados, a pesar de que el nuevo espacio internacional requeriría suplementariamente una inversión anual de unos diez millones de euros al año, el doble del presupuesto anual de 2016 para todas las zonas protegidas de Aragón».
