El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aprueba a COCEDER un proyecto de innovación en materia de prevención de la institucionalización, desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el ámbito de cuidados. Este proyecto denominado “BIOCUIDADOS: nuevos modelos de cuidado prestados por la comunidad, centrados en la persona, en entornos rurales” está vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, y financiado por la Unión Europea- Next GenerationEU.
Estamos trabajando en red en 18 territorios de nueve comunidades (entre los que esta Asociación Guayente- Centro El Remós) hasta diciembre de 2024 con sus centros de desarrollo rural y trabajará con distintos colectivos como infancia y adolescencia en riesgo de exclusión, personas mayores y personas con diversidad funcional. El objetivo es prevenir la institucionalización, utilizando los recursos comunitarios, por lo que se pretende un cambio de modelo en los Servicios Sociales, que se presentará a los gestores políticos para que lo tengan en cuenta y cambien el sistema.
Biocuidados está inspirado en el ecosistema que genera la comunidad rural. Este modelo para el cuidado de la vida y las personas del medio rural quiere aprovechar las pequeñas dimensiones de las poblaciones rurales para implementar otros modelos de atención en la comunidad y de manera integral, ya que en el mundo rural no hay segmentaciones entre los colectivos de la población. Así, el proyecto comienza por analizar las necesidades y los proyectos de vida de las personas para articular modelos de apoyo basados en los recursos de la comunidad rural que presten servicios integrales centrados en la persona, potenciando su autonomía personal.
Cabe recordar que el medio rural ofrece una escala más pequeña y más humana, con una red social activa, con conocimiento de cada una de las personas, lo que permitirá diseñar esos proyectos de vida integrales centrados en la persona.
Tras evaluar el proyecto piloto con agentes externos como las universidades colaboradoras, administraciones locales y autonómicas y otros agentes sociales de los territorios, se podrán elaborar propuestas para contribuir al desarrollo de nuevas políticas públicas para la prevención de la institucionalización y el fomento de la desinstitucionalización.
