La falta de acuerdo para renovar el convenio de asistencia sanitaria en zonas rurales a los mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y el Instituto de las Fuerzas Armadas (ISFAS) está obligando a que éstos tengan que hacer frente al gasto de su tratamiento médico mientras las mutuas y las compañías sanitarias con las que trabajan se ponen de acuerdo sobre quién y cómo debe hacerse cargo del pago de estos servicios.
El convenio, por el que los mutualistas pueden ser atendidos en los centros del Salud de los municipios en los que no existen clínicas de las compañías sanitarias privadas, vencía el 31 de diciembre y, aunque se está intentando negociar uno nuevo de asistencia que permita simplificar el proceso de resarcimiento de gastos, a día de hoy no se ha renovado. Ante esta situación, la dirección del área económico-administrativa del Servicio Aragonés de Salud envió una notificación a sus centros sanitarios informando que mientras esto no ocurra los pacientes mutualistas que hayan elegido la asistencia a través de compañías privadas tendrán, a todos los efectos, la consideración de “particulares” por lo que se les deberá cobrar directamente a ellos la atención recibida y no a las entidades aseguradoras como se hacía hasta ahora. El Salud señala que el cobro de los gastos sanitarios se realizará una vez realizada la visita médica y que, si esto no fuera posible en el momento de la atención, se emitirá la correspondiente factura.
Una situación que ha pillado totalmente desprevenidos a los mutualistas aragoneses residentes en el medio rural, que ni conocían ni han sido advertidos previamente de esta circunstancia, y ha afectado. Algo que, por ejemplo, sufrió directamente días atrás Ana Uliaque, una profesora de Castejón de Sos que acudió al consultorio de su localidad para que visitaran a su hija afectada por un fuerte proceso febril y se encontró con la desagradable sorpresa de que le pidieron 68 euros por la atención médica. «Me han dicho que Muface no se ha puesto de acuerdo con las compañías sanitarias que trabajan con la mutualidad y que los usuarios teníamos que pagar el servicio y luego reclamar la factura a las respectivas compañías», comentaba entonces esta profesora que inmediatamente se puso en contacto con Muface para recabar información sobre este asunto que le cogía totalmente por sorpresa.
En la mutua se desentendieron de su problema y le aconsejaron que reclamara a su compañía sanitaria cuyos responsables reconocieron que están sufriendo «un aluvión» de llamadas de reclamación pero le devolvieron la pelota a Muface recordando a Uliaque que no hay un convenio firmado con el Salud y, por lo tanto, no tienen obligación de hacer frente a estas facturas. Y, lo que más molestó a la profesora, añadiéndole la coletilla de “de todas formas ya sabes dónde vives” en referencia a su residencia en el mundo rural.
«Es una tremenda desigualdad social la que sufrimos quienes vivimos en los pueblos en muchos aspectos, porque este problema no existe en las ciudades donde tienen policlínicas y los mutualistas pueden ser atendidos en ellas sin más problemas», denuncia Uliaque apuntando que en Muface le han llegado a aconsejar que se cambie a la Seguridad Social.
la problemática está afectando a todos los mutualistas rurales aragoneses y ha generado también un notable malestar entre los trabajadores de los centros de salud que consideran que no está entre sus funciones la de hacer de cobradores de unas tasas sanitarias que, según le informaron a Uliaque, son de 68 euros por la primera consulta, 34 por las consultas sucesivas, 85 por una consulta con prueba o 102 por una consulta con prueba y cuidados de enfermería.
Las tres mutualidades implicadas forman parte del Sistema Nacional de Salud en su calidad de entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios del Estado. Dicha asistencia sanitaria se proporciona, a elección anual del interesado, bien en el sistema sanitario público o bien a través de los medios de las entidades de seguro libre que hayan concertado con la Mutualidad dicha asistencia, algo a lo que se acogen muchos de los mutualistas.
Ante esta problemática, el Departamento de Sanidad ha hecho pública una nota en la que afirma que mantiene su voluntad de llegar a un acuerdo con MUFACE, MUGEJU e ISFAS para firmar el convenio «para prestar la asistencia sanitaria en Atención Primaria en las zonas rurales, de menos de 20.000 habitantes, para las personas adscritas a las mutualidades que eligen la modalidad de sanidad privada, tras haber expirado el Convenio existente el pasado 31 de diciembre de 2016 por falta de acuerdo». En aras a tratar de llegar a un acuerdo, el próximo lunes hay concertada una reunión con los responsables territoriales de las mutuas en la que se abordará este asunto.
El convenio, por el que los mutualistas pueden ser atendidos en los centros del Salud de los municipios en los que no existen clínicas de las compañías sanitarias privadas, vencía el 31 de diciembre y, aunque se está intentando negociar uno nuevo de asistencia que permita simplificar el proceso de resarcimiento de gastos, a día de hoy no se ha renovado. Ante esta situación, la dirección del área económico-administrativa del Servicio Aragonés de Salud envió una notificación a sus centros sanitarios informando que mientras esto no ocurra los pacientes mutualistas que hayan elegido la asistencia a través de compañías privadas tendrán, a todos los efectos, la consideración de “particulares” por lo que se les deberá cobrar directamente a ellos la atención recibida y no a las entidades aseguradoras como se hacía hasta ahora. El Salud señala que el cobro de los gastos sanitarios se realizará una vez realizada la visita médica y que, si esto no fuera posible en el momento de la atención, se emitirá la correspondiente factura.
Una situación que ha pillado totalmente desprevenidos a los mutualistas aragoneses residentes en el medio rural, que ni conocían ni han sido advertidos previamente de esta circunstancia, y ha afectado. Algo que, por ejemplo, sufrió directamente días atrás Ana Uliaque, una profesora de Castejón de Sos que acudió al consultorio de su localidad para que visitaran a su hija afectada por un fuerte proceso febril y se encontró con la desagradable sorpresa de que le pidieron 68 euros por la atención médica. «Me han dicho que Muface no se ha puesto de acuerdo con las compañías sanitarias que trabajan con la mutualidad y que los usuarios teníamos que pagar el servicio y luego reclamar la factura a las respectivas compañías», comentaba entonces esta profesora que inmediatamente se puso en contacto con Muface para recabar información sobre este asunto que le cogía totalmente por sorpresa.
En la mutua se desentendieron de su problema y le aconsejaron que reclamara a su compañía sanitaria cuyos responsables reconocieron que están sufriendo «un aluvión» de llamadas de reclamación pero le devolvieron la pelota a Muface recordando a Uliaque que no hay un convenio firmado con el Salud y, por lo tanto, no tienen obligación de hacer frente a estas facturas. Y, lo que más molestó a la profesora, añadiéndole la coletilla de “de todas formas ya sabes dónde vives” en referencia a su residencia en el mundo rural.
«Es una tremenda desigualdad social la que sufrimos quienes vivimos en los pueblos en muchos aspectos, porque este problema no existe en las ciudades donde tienen policlínicas y los mutualistas pueden ser atendidos en ellas sin más problemas», denuncia Uliaque apuntando que en Muface le han llegado a aconsejar que se cambie a la Seguridad Social.
la problemática está afectando a todos los mutualistas rurales aragoneses y ha generado también un notable malestar entre los trabajadores de los centros de salud que consideran que no está entre sus funciones la de hacer de cobradores de unas tasas sanitarias que, según le informaron a Uliaque, son de 68 euros por la primera consulta, 34 por las consultas sucesivas, 85 por una consulta con prueba o 102 por una consulta con prueba y cuidados de enfermería.
Las tres mutualidades implicadas forman parte del Sistema Nacional de Salud en su calidad de entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios del Estado. Dicha asistencia sanitaria se proporciona, a elección anual del interesado, bien en el sistema sanitario público o bien a través de los medios de las entidades de seguro libre que hayan concertado con la Mutualidad dicha asistencia, algo a lo que se acogen muchos de los mutualistas.
Ante esta problemática, el Departamento de Sanidad ha hecho pública una nota en la que afirma que mantiene su voluntad de llegar a un acuerdo con MUFACE, MUGEJU e ISFAS para firmar el convenio «para prestar la asistencia sanitaria en Atención Primaria en las zonas rurales, de menos de 20.000 habitantes, para las personas adscritas a las mutualidades que eligen la modalidad de sanidad privada, tras haber expirado el Convenio existente el pasado 31 de diciembre de 2016 por falta de acuerdo». En aras a tratar de llegar a un acuerdo, el próximo lunes hay concertada una reunión con los responsables territoriales de las mutuas en la que se abordará este asunto.
Según recuerda Sanidad, el convenio original entre el SALUD y MUFACE, MUGEJU e ISFAS se firmó en el 2002 y se ha prorrogado año a año hasta el 2015, ejercicio en el que se cambian las condiciones del mismo. Este convenio regulaba la prestación de la Atención Primaria en zonas rurales, concretamente en municipios de menos 20.000 habitantes, para las personas adscritas a estas mutualidades que elegían la modalidad de sanidad privada (unas 16.800 personas en todo Aragón).
Hasta la prórroga de 2015, MUFACE pagaba al SALUD por esta asistencia una cantidad fija por persona para cubrir toda la asistencia sanitaria en Atención Primaria, tanto consultas como atención a urgencias, pero en la prórroga de ese año se modificaron las condiciones, de modo que solo se pagaba una cantidad fija por persona en concepto de asistencia urgente en Atención Primaria, mientras que el resto de las asistencias se debían facturar directamente por el SALUD a la compañía aseguradora del usuario.
Hasta la prórroga de 2015, MUFACE pagaba al SALUD por esta asistencia una cantidad fija por persona para cubrir toda la asistencia sanitaria en Atención Primaria, tanto consultas como atención a urgencias, pero en la prórroga de ese año se modificaron las condiciones, de modo que solo se pagaba una cantidad fija por persona en concepto de asistencia urgente en Atención Primaria, mientras que el resto de las asistencias se debían facturar directamente por el SALUD a la compañía aseguradora del usuario.
