La Asamblea General de la Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés, Adelpa, exige que las nuevas políticas medioambientales en el espacio pirenaico se conviertan también en políticas de desarrollo para sus habitantes, y que las figuras proteccionistas en vigor se revisen con este objetivo.
Durante la Asamblea General ordinaria de ADELPA celebrada este sábado en Boltaña, los participantes acordaron por unanimidad exigir que los habitantes del Pirineo y las actividades necesarias para favorecer su desarrollo en este territorio, estén como mínimo al mismo nivel de protección y apoyo que el resto de especies que habitan en el mismo.
Este planteamiento es la respuesta a la realidad existente en esta área de montaña, que sigue siendo cada día objeto de una mayor regulación en lo que a protección medioambiental se refiere. Cabe recordar que en el Pirineo aragonés se encuentra concentrada un 25% de la superficie de la Red Natura 2000 de Aragón, por no hablar de la cantidad y extensión de los diferentes Espacios Naturales Protegidos, y para terminar, los diversos planes de protección y recuperación de especies, que abarcan grandes extensiones del Pirineo, (quebrantahuesos, urogallo, rana pirenaica, especies protegidas, especies amenazadas….). De tal forma que más de la mitad del territorio pirenaico se encuentra afectado por algún tipo de normativa de protección medioambiental.
Todas estas regulaciones sin excepción, suponen una serie de restricciones y condicionantes a la actividad humana en los territorios objeto de las mismas. E igualmente, el denominador común de todas estas políticas es que ninguna de ellas tiene en cuenta el impacto y los efectos que van a producir sobre la sociedad y la economía del territorio.
ADELPA lleva años reivindicando políticas específicas para las zonas de montaña, y concretamente en el Pirineo Aragonés, en diversas materias como puedan ser agricultura, ganadería, actividades económicas, pequeña industria agroalimentaria, etc, todo ello sobre la base de las especiales características de este territorio, reconocidas además en un documento de planificación a nivel autonómico, como son las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo.
«Desde diversas instancias (nacionales, autonómicas, etc) se nos ha contestado que es imposible hacer una normativa específica para un territorio como éste, pero al parecer dicha imposibilidad no rige a la hora de aprobar normativas de protección medioambiental exclusivas para las áreas pirenaicas», señalan los responsables de la entidad cuya asamblea acordó pedir que cualquier instrumento de planificación y/o protección medioambiental que afecte a este territorio debe contener un análisis de su impacto sobre la población humana que habita ese territorio y sobre sus actividades económicas, de ocio, etc. Y que, a la vista del resultado de este análisis de impacto, cualquier normativa de planificación o protección medioambiental irá acompañada de un plan que incluya las medidas correctoras, de apoyo y de desarrollo para la actividad humana en su ámbito de aplicación, el cálculo económico del coste de aplicación de dichas medidas, y la obligación legal de financiar las políticas y medidas de desarrollo unidas a lo protección medioambiental, con carácter anual y con instrumentos específicos desde los Presupuestos Generales de la Administración Pública de la cual dependa la aprobación de dichos instrumentos de protección o planificación medioambiental.
Otro de los principales temas abordados por la Asamblea de Ayuntamientos del Pirineo fue el de las multas y sanciones que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) está tramitando contra Ayuntamientos del Pirineo, por el vertido de las aguas residuales al dominio público hidráulico, sin la correspondiente autorización de vertido ante la falta de instalaciones de depuración en las poblaciones.
Para ADELPA esta situación es inaceptable, puesto que la depuración de los núcleos pirenaicos está declarada de interés general por la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional, y su construcción ha sido encomendada por el Gobierno de España al Gobierno de Aragón mediante un convenio todavía vigente suscrito con fecha 8 de abril de 2008 y dotado con 169 millones de euros.
Por ello en la Asamblea se acordó también por unanimidad declarar que la responsabilidad íntegra de la no construcción de las depuradoras en el Pirineo aragonés, y por tanto de las sanciones que ello está acarreando, corresponde a la misma Administración que sanciona (el MAGRAMA) y a la Administración autonómica. Y por ello se va a exigir a la Confederación Hidrográfica del Ebro el inmediato archivo de los expedientes sancionadores iniciados, y la concesión de las correspondientes autorizaciones de vertido a los Ayuntamientos del Pirineo, «todo ello porque la responsabilidad legal de la construcción de dichos sistemas recae sobre el MAGRAMA (administración sancionadora en estos mismos expedientes) en base al Plan Hidrológico Nacional». Igualmente se acordó solicitar a la DGA que asuma los costes de las sanciones impuestas a los Ayuntamientos afectados, si al final se imponen, así como los costes de la asistencia y defensa jurídica si la precisaran.
