José Ignacio Gairín ha sido el Ingeniero Jefe de Zona de los saltos hidráulicos en los ríos Cinca y Esera desde 1984 hasta el 2002 en las empresas Hidroeléctrica de Cataluña y Endesa Generación. En la actualidad es socio fundador de la empresa de Consultoría Energética G4B. Ha efectuado, conjuntamente con la empresa de Ingeniería SATEL, las auditorias técnico-económicas de centrales que revierten a la Administración, en concreto a la Confederación Hidrográfica del Ebro.
¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO CON ESTE ASUNTO DE LAS REVERSIONES?
La Ley de Aguas dice textualmente “al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas , cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento “( hidroeléctrico).
Creo que es muy importante , en primer lugar , el tener claro que el poner en manos de la sociedad la información correspondiente a éstas finalizaciones de las concesiones de los saltos hidráulicos es muy positivo. Porqué? Con qué objetivo? En primer lugar para alertar e informar a la ciudadanía y también a las administraciones de que soliciten en plazo la reversión a lo público de esas concesiones a punto de caducar, a fin de abaratar el precio de la luz , máxime en estos momentos de crisis y con población en riesgo de pobreza energética. Estas concesiones se efectuaban y todavía hoy es así por periodos de 75 años. ¿Es este un plazo adecuado? Yo creo que cuando se concedieron,ese plazo era adecuado ya que las centrales estaban por amortizar y el pay-back o retorno de la inversión que son bastante altos , sugería hacer esas largas concesiones. Pero actualmente las centrales ya están superamortizadas y es por ello que quizás con un plazo de 50 años fuera suficiente en el futuro.
¿POR QUÉ DISMINUIRÍA LA FACTURA DE LA LUZ?
Estas centrales se montaron básicamente en la década entre 1945 y 1955. En España hay 800 centrales hidroeléctricas . Hay 20 con más de 200 MW de potencia instalada que representa el 50% de la producción hidráulica, pero prácticamente el resto corresponde a pequeños saltos con potencias menores a 20 MW repartidas por los pueblos de este país. Estas concesiones se realizaron, en la mayoría de los casos,sin contraprestación a las compañías eléctricas en los embalses realizados por el Estado.
Como todos sabemos el coste de la materia prima es cero (el agua del río) y los beneficios muy altos , ya que el coste de producción puede rondar los 10€/MWH y la venta los 60€/ MWH. El sistema de fijación de precios en España es marginalista y efectuado mediante la casación de oferta y demanda de energía , calculado hora a hora. Eso hace que las hidroeléctricas y especialmente las denominadas de agua fluyente (presa con canal de derivación) oferten en el mercado (denominado POOL) siempre a precio cero , ya que si no turbinaran el agua, ésta saltaría por la presa o azud y la perderían. Como otras tecnologías entran a precios más elevados ( las térmicas tienen los costes de materia prima muy importantes) , hace que las hidráulicas cobren a este precio final. Si a esto añadimos que todas ellas están amortizadas , no cabe duda que el negocio es descomunal. Por tanto si la Administración puede aprovechar esta gran ventaja con estas centrales para incidir en el precio final del kwh doméstico.
Bien es cierto , que al igual que en el caso de la gasolina , el recibo de la luz contiene muchos impuestos no atribuibles a la producción , pero no cabe duda que sí ayudaría a su disminución. Como se acostumbra a decir, “ es o no ,voluntad política” hacer con esta medida la disminución del coste mayorista del MWH.
¿COMO AFECTA EN ESPECIAL A ARAGÓN?
Con datos del IDEA de finales del 2017 , en Aragón había 1334 MW hidráulicos instalados. El porcentaje de capacidad hidráulica para producción que le corresponde donde ya ha acabado la concesión es del 3% de todo el Estado.
Como ya se publicó en el Diario del Alto Aragón , la DGA ha efectuado recursos en el sentido de querer participar en la gestión y así “defender el territorio y a los municipios afectados”. No cabe duda que tarde o temprano habrá que buscar una solución que , en mi modesta opinión, además de ayudar a lo anteriormente explicado , una parte de esos cuantiosos beneficios repercutan de manera proporcional ( no puede ser lineal dado que ni las potencias instaladas ni las poblaciones afectadas son iguales)a los municipios que tengan esas instalaciones y por tanto a las comarcas en sí.
Lo que está claro es que las compañías hidroeléctricas hasta ahora explotadoras de esas concesiones van a intentar por todos los medios evitar las reversiones al Estado. Lo tienen difícil , ya que ha existido un aval a estas nacionalizaciones por parte de la Audiencia Nacional cuando convalidó , este mismo año 2018, la reversión al Estado de la Central Auxiliar de Campo , en contra de las prórrogas que solicitaba Acciona a través de la patronal UNESA .
¿QUÉ ESPERAN LAS CORPORACIONES LOCALES?Como hemos explicado , sería conveniente que los municipios se beneficiaran de ello. Los saltos pueden quedar en manos de la Administración o bien , pasado un tiempo, salir a concurso público previa licitación correspondiente. Aquí es donde veo una puerta a la posibilidad de que los municipios que tengan saltos con potencias pequeñas , puedan asumir la propiedad a través del Concurso público. Cosa imposible por el grado de endeudamiento que alcanzarían los municipios con centrales de gran potencia. Estos podrían quedar con el porcentaje de la producción ,anteriormente indicado. En cualquier caso , dado que en muchas concesiones existe una cláusula que indica que se debe reservar para el Estado energía para fines de servicio público y que ésta representa alrededor del 25% de la energía producida por cada central a precio de coste, ello representa otro aspecto a tener en gran consideración .
Lógicamente las actuales compañías concesionarias también irán a la licitación y ésta se deberá hacer garantizando la absoluta igualdad de oportunidad para todos, evitando ventajas que aquellas pudieran tener con respecto al resto.
Ante estas consideraciones y análisis, José Ignacio Gairín cree que es «imprescindible» avanzar en las mesas de negociación con todas las partes afectadas a fin de esclarecer y normalizar unos hechos actuales y futuros (son muchos los saltos que en los próximos años revertirán a la Administración) con mucha trascendencia para todos.