Durante la Asamblea General ordinaria de ADELPA celebrada en Boltaña, los ayuntamientos participantes acordaron por unanimidad exigir que los habitantes del Pirineo aragonés y las actividades necesarias para favorecer su desarrollo en este territorio, “estén como mínimo al mismo nivel de protección y apoyo que el resto de especies que habitan en él”, explican en un comunicado de prensa.
Según la asociación “este planteamiento es la respuesta a la realidad existente en esta área de montaña, que sigue siendo cada día objeto de una mayor regulación en lo que a protección medioambiental se refiere”. Adelpa recuerda que en el Pirineo aragonés se encuentra concentrada “un 25% de la superficie de la Red Natura 2000 de Aragón”, además de un buen número de espacios naturales protegidos y planes de protección de determinadas especies que abarcan grandes extensiones de su territorio, entre las que destacan los del quebrantahuesos, el urogallo, la rana pirenaica, y otras especies protegidas y amenazadas. Según Adelpa, “más de la mitad del territorio pirenaico se encuentra afectado por algún tipo de normativa de protección medioambiental”.
“Todas estas regulaciones sin excepción, suponen una serie de restricciones y condicionantes a la actividad humana en los territorios objeto de las mismas. El denominador común de todas estas políticas es que ninguna de ellas tiene en cuenta el impacto y los efectos que van a producir sobre la sociedad y la economía del territorio”.
Adelpa lleva años reivindicando políticas específicas para las zonas de montaña, y concretamente en el Pirineo Aragonés, en diversas materias como puedan ser agricultura, ganadería o pequeña industria agroalimentaria que pueden ser en sí mismas generadoras de desarrollo sostenible y beneficiosas para el entorno.
“Desde diversas instancias se nos ha contestado que es imposible hacer una normativa específica para un territorio como éste, pero al parecer dicha imposibilidad no rige a la hora de aprobar normativas de protección medioambiental exclusivas para las áreas pirenaicas”.
Por ello, la Asamblea de Adelpa ha acordado pedir que cualquier instrumento de planificación o protección medioambiental “que afecte a este territorio, debe contener un análisis de su impacto sobre la población humana que habita ese territorio y sobre sus actividades económicas” y a la vez un plan que incluya medidas correctoras.
Otro de los temas importantes abordado por la asamblea de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés ha sido el de sanciones que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) está tramitando contra ayuntamientos del Pirineo, por el vertido de las aguas residuales al dominio público hidráulico, sin la correspondiente autorización de vertido, ante la falta de instalaciones de depuración en las poblaciones. A este respecto, Adelpa recuerda que la construcción de las depuradoras del Pirineo fue encomendada “por el Gobierno de España al Gobierno de Aragón mediante un convenio todavía vigente suscrito con fecha 8 de abril de 2008 y dotado con 169 millones de euros.
Por ello, en la Asamblea se ha acordado por unanimidad declarar que la responsabilidad íntegra de la no construcción de las depuradoras en el Pirineo aragonés, y por tanto de las sanciones que ello está acarreando, corresponde a la misma administración estatal que sanciona y a la administración autonómica.
Adelda considera inaceptables las sanciones y va a exigir a la Confederación Hidrográfica del Ebro el inmediato archivo de los expedientes sancionadores iniciados, y la concesión de las correspondientes autorizaciones de vertido a los ayuntamientos del Pirineo.
También se acordó solicitar a la DGA que asuma los costes de las sanciones impuestas a los ayuntamientos afectados, si al final se imponen, así como los costes de la asistencia y defensa jurídica si la precisaran.
