Los 8 de Yesa han sido condenados a multas de 1.080 y 180 euros por delitos y faltas de resistencia contra la Guardia Civil, según recoge la sentencia del Juzgado número 1 de lo Penal de Zaragoza, tras el juicio celebrado en su contra tras las cargas policiales de una protesta de Artieda contra el recrecimiento del embalse. Los hechos por los que han sido juzgados se remontan al 10 de octubre de 2012, cuando se produjo una polémica carga policial contra una manifestación pacífica que pretendía impedir las expropiaciones de Artieda para el recrecimiento de Yesa, y que fue recogida por numerosos medios de comunicación, incluso a nivel nacional.
Posiblemente, esta sentencia sea recurrida, según ha explicado Jorge Luis, uno de los ocho acusados por esa protesta. Ha subrayado que continuarán “defendiendo que fue una concentración pacífica en la que no hubo provocación ni atentado contra las fuerzas de seguridad del Estado”. Sí que destaca que «al final se ha hecho en parte justicia» , ya que la sentencia recoge multas económicas pero no condenas a prisión. En el recurso pedirán la absolución, basándose en el hecho de que la protesta fue “absolutamente pacífica”.
En sentido parecido se ha manifestado Arriel Domínguez, otro de los ocho, que ha señalado que “me duele mucho ser tratado de delincuente cuando me comporté de manera totalmente pacífica”. Eso sí, considera que ha sido “una de cal y otra de arena” y reconoce que podía haber sido mucho peor.
Los ocho han querido agradecer el respaldo que han recibido por parte de la sociedad durante todos estos meses, y califican de “victoria colectiva” la sentencia, aunque con el matiz de que les causa “tristeza porque en los tiempos que corren se pueda acabar multando a la gente solo por protestar o expresar su opinión; pero alegría, porque no nos han doblado, hemos recibido mucho apoyo y ha quedado claro que si nos mantenemos unidos no hay represión que valga”.
Jorge Luis, Miguel Ángel Palacín, Javier López, Óscar Ara, Sergio Palacín, Álex Ubieto, Arriel Domínguez y Chema Royo estaban acusados de los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones y desorden público, por los que inicialmente el fiscal solicitaba entre dos y 6 años y medio de cárcel e indemnizaciones superiores a los 22.000 euros. Finalmente, la Fiscalía rebajó las penas hasta dos años de cárcel para cada uno por atentado a la autoridad y estableció multas para los delitos de lesiones y faltas. Han quedado absueltos de otras faltas de lesiones de las que habían sido acusados. Ahora tienen 10 días para interponer recurso de apelación en contra de la sentencia.
