Varios representantes socialistas de la Comarca de Ribagorza analizaron, junto con Maite Bardají, la alcaldesa de La Puebla de Castro, la situación del macro proyecto de Planta Fotovoltaica “FV Avejaruco Solar de 49,984MW” que afecta a los términos municipales de La Puebla de Castro y de Secastilla, que actualmente se encuentra en exposición pública, hasta el próximo 24 de febrero.
El grupo socialista de la Comarca de Ribagorza, a petición de Maite Bardají, ha suscrito las alegaciones, ya que desde el ayuntamiento de La Puebla de Castro se considera que «este proyecto lejos de ofrecer oportunidades laborales en el municipio, y así asentar población, provocará todo lo contrario, destruirá empleos existentes en el sector agrícola y generará un impacto visual importante».
Los Ayuntamientos de La Puebla de Castro y Secastilla han solicitado a la Comarca de Ribagorza que suscriba las alegaciones, en apoyo a la postura mantenida por los dos Ayuntamientos, y Esther Cereza, portavoz del grupo socialista en la Comarca de Ribagorza confía en que así sea.
Igualmente, la portavoz ha comentado que el grupo prevé presentar una propuesta de resolución al próximo pleno, en la que se inste al Gobierno de Aragón a desarrollar lo previsto en la Disposición Adicional segunda del de la Ley 6/2023, de 23 de febrero, de protección y modernización de la agricultura social y familiar, y del patrimonio agrario de Aragón, tal y como prevé la propia Ley al establecer que en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la mencionada Ley, el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente publicará los criterios que permitan identificar el suelo agrario de Aragón, en los que constarán aquellos suelos fértiles, productivos y cultivables sobre los que no podrá autorizarse la implantación de plantas de generación eléctrica, y serán actualizados anualmente.
Además de instar al desarrollo de esta Disposición Adicional, la cual evitaría la situación de indefensión que tienen estos pequeños municipios ante los citados proyectos, se solicita al Gobierno de Aragón una normativa autonómica de regulación de este tipo de proyectos, la cual debe incluir la necesidad de contar siempre con un informe vinculante del pleno del Ayuntamiento afectado, el cual valoraría su afección para el ejercicio de la actividad socioeconómica del territorio.
