Malestar en el entorno de los espacios protegidos con la política del Gobierno de Aragón

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Los argumentos utilizados por la administración autónoma en la reunión que mantenían el pasado miércoles en Zaragoza el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y la directora general de Sostenibilidad, Sandra Ortega, con los presidentes de los espacios protegidos aragoneses han causado un profundo malestar en los municipios en cuyos términos se extienden los espacios protegidos de la comunidad que se enfrentan a un nuevo recorte presupuestario.

En un clima de profunda indignación, los alcaldes del entorno del Parque Posets Maladeta analizaban anoche el argumentario de la consejería de Desarrollo Rural para justificar el recorte presupuestario y el cierre de seis de las siete oficinas socioeconómicas de los espacios naturales aragoneses. El alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías apuntaba que en breve van a hacer pública una nota que exprese el malestar existente con estas medidas y que van a seguir adelante con el proyecto de crear un frente común con el resto de representantes de los municipios afectados. «La reunión de Zaragoza fue tiempo perdido y yo ya he aconsejado al presidente del Posets que dimita porque los patronatos son órganos meramente consultivos sin  ningún tipo de competencia real», explica el edil.

Abadías entiende que en la nota de prensa que hizo pública el departamento de Medio Ambiente tras el encuentro con los presidentes de los patronatos de los parques, el consejero viene a argumentar que la idea de la conservación de los espacios naturales no genera per se desarrollo económico en los territorios implicados. «A tenor de las palabras de Olona, parece que todo lo que se ha hecho en este campo en los últimos 20 años no ha valido para nada y, también, que la conservación no tiene mucho que ver con su consejería», comenta el alcalde de Benasque para quien no se pueden argumentar exclusivamente las razones de los recortes en términos exclusivamente económicos. «Y si se argumenta bajo este prisma, que el consejero haga examen de conciencia y que diga por qué no ha defendido su departamento unos presupuestos suficientes y dignos para estos espacios naturales, por qué no ha dado la cara por ellos en Europa, y si, en estas circunstancias no es él quien sobra».

Entiende Abadías que no se puede cargar, «como de costumbre», las repercusiones de una política incompetente sobre las zonas rurales. «Vamos a solicitar una reunión con el consejero para intentar reconducir la situación, pero si las cosas siguen así vamos a pedir la derogación de la Ley de Parques Naturales y que se transfieran sus competencias a los ayuntamientos implicados que ya nos encargaremos de gestionar nuestros espacios estos espacios», sostiene el edil benasqués volviendo a recordar que la ley que puso en pie esta figura de protección reconocía que uno de sus objetivos era que se convirtieran en motor de desarrollo de su zona contigua.

Y sobre la duplicidad de servicios argumentada por el departamento de Medio Ambiente para justificar la supresión de las oficinas socioeconómicas de los Parques, Abadías se muestra contundente al señalar que habría que analizar la estructura del propio departamento y empezar a ver si quien sobra es el consejero, su staf técnico y todo el aparato administrativo «porque estoy seguro que hay más gente realizando estas tareas que sobre el terreno, haciendo trabajo de campo». Y le recuerda al consejero que en muchos países de nuestro entorno los directores de los espacios protegidos viven en ellos o en sus zonas de influencia «y atienden los problemas de las gentes del territorio de una forma directa y sin intermediarios».

«Voy a poner un ejemplo –comenta- sobre la implicación de la administración en la situación real de estos espacios: estamos a las puertas de la Semana Santa y los únicos que nos hemos movido para ver cómo se implanta un servicio de autobuses en estas fechas el Parque Posets Maladeta hemos sido los alcaldes de la zona y los gestores de algunos negocios radicados en este entorno. No hemos tenido ninguna notificación del departamento sabiendo la afluencia que va a haber durante esas jornadas, nadie ha movido un dedo salvo los ayuntamientos porque somos los que tenemos el problema encima sin tener competencias para ello».

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