Medio centenar de representantes de los espacios naturales protegidos de Aragón y de los municipios y entidades de su entorno reunidos el pasado lunes en las dependencias de la DPH mostraron su «preocupación y malestar» por la situación actual y plantean medidas para mejorarla.
A tal fin elaboraron una declaración conjunta y un manifiesto aprobado por unanimidad en el que se plantean medidas para mejorar la gestión y financiación de estos espacios ante la preocupación por una situación «que se alarga en el tiempo».
El encuentro, que contó con la presencia de representantes de los parques de Ordesa y Monte Perdido, Posets-Maladeta, Guara, los Valles Occidentales, San Juan de La Peña y Monte Oroel y Gallocanta, además de las comarcas de Sobrarbe, Hoya de Huesca, Somontano y Alto Gállego y de concejales y alcaldes de más de una veintena de municipios, así como representantes de la propiedad privada y de federaciones deportivas, analizó la situación actual marcada por una problemática que los presentes constataron que «no es nueva, que los actuales e importantes problemas de gestión y financiación vienen desde hace muchos ejercicios», pero que no ha mejorado en absoluto en este último año.
Los reunidos consideran «necesario» que existan unos Espacios Naturales Protegidos bien gestionados y bien financiados, «lo que contribuye al desarrollo territorial y al de las personas que en ellos viven» pero, en la línea con el artículo 45.1 de la Constitución que dice “Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, entienden que su gestión debe cumplir los tres fines complementarios que son los de contribuir a mejorar el uso público, contribuir al desarrollo económico del entorno y fomentar la conservación e investigación.
Por ello plantean el poder participar en el arreglo de los actuales problemas, de la actual situación, planteando una serie de exigencias que pasan por los siguientes puntos:
1. Cambiar la normativa de las subvenciones con el consenso del territorio.
2. Recuperar y concretar como derecho y no como subvención el pago por hectárea de los terrenos aportados a los Espacios Naturales Protegidos.
3. Mejorar radicalmente la actual política de contratación, tanto en su temporalidad como priorizando el personal cualificado del territorio por su contribución al asentamiento y mantenimiento de la población.
4. Mejorar radicalmente la asignación presupuestaria para cada uno de los Espacios Naturales Protegidos actuales.
5. Mejorar la organización del trabajo de los APN y cuadrillas mediante el acuerdo con los Ayuntamientos de las acciones a realizar.
6. Mejorar la participación y gestión en los Patronatos y en las Comisiones Directivas, tanto las existentes como las que se puedan crear, con una mayor representación y capacidad decisorio del territorio.
