La Plataforma Contra la Autopista Eléctrica ha preparado un folleto informativo sobre la Red de Apoyo Mutuo en respuesta a los Megaproyectos Energéticos y las razones por las que se opone a los proyectos de interconexión eléctrica y gasística con Francia y pretende difundirlo en próximas semanas en los territorios afectados por dichos proyectos.
El folleto recuerda que la red se constituyó en octubre de 2015 con la intención de coordinar acciones de sensibilización, denuncia, resistencia e incidencia política frente a los megaproyectos impuestos de interconexiones gasísticas y eléctricas transpirenaicas que se proyectan dentro de la Unión Europea de la Energía. A saber: mega-gasoductos y Autopistas Eléctricas o líneas eléctricas de Muy Alta Tensión (MAT / 400 kV), que son consideradas Proyectos de Interés Común (PIC) por la UE.
La categoría de PIC permite que un proyecto obtenga facilidades, acelerando los trámites administrativos y financiación pública a través de fondos como el Connecting Europe Facility o el Plan Juncker y que son muy difíciles de parar una vez han sido aprobados.
En la actualidad se plantean 3 nuevas líneas MAT y un mega-gasoducto que cruzarían los Pirineos:
Cable submarino a través del Golfo de Bizkaia, entre Gatika (Bizkaia) y Cubnezais (Aquitania) [370 km, trazado confirmado], de 2.000 MW y 1.800 millones de €. Participación pública en curso.
Autopista Eléctrica Marsillon (Os-Marsillon, Pyrénées-Atlantiques)-Sabiñánigo-Caballera (Aragón) [350 km, trazado por confirmar], de 2.000 MW.
Autopista Eléctrica Cantegrit (Landes)-Pamplona (Navarra) [200 km, trazado por confirmar], de 2.000 MW.
Gasoducto MidCat / STEP, entre Hostalric (Catalunya) y Le Perthus (Pyrénées-Orientales) [235 km, trazado por confirmar].
El folleto señala que la red pone en cuestión su necesidad por la enorme sobrecapacidad de generación eléctrica en España, que excede 2,6 veces el pico de la demanda (entiende que no se necesitan más interconexiones para asegurar el suministro); la existente sobrecapacidad de interconexión (3.700 MW por un uso medio de solo 1.060 MW en 2016); los severos impactos sociales, medioambientales, paisajísticos y a la salud pública que provocan; el elevado uso de dinero público en un momento de proclamada escasez; y la consolidación de un modelo energético que se considera «caduco e híper centralizado», basado en la energía fósil y nuclear y en grandes inversiones, grandes infraestructuras y grandes empresas.
