El Justicia de Aragón ha solicitado por segunda vez al Gobierno de Aragón información relativa al proyecto de macroplanta de biogás previsto en la localidad oscense de Azlor, tras una queja presentada por la Asociación Stop Biogás Somontano el pasado 5 de diciembre de 2025. Según la entidad ciudadana, la Administración autonómica no habría respondido al primer requerimiento del órgano de protección del ciudadano.
La instalación proyectada, promovida por la empresa Catalana de Biogás, contempla el tratamiento anual de unas 130.000 toneladas de purines, cadáveres de animales y residuos de matadero. El proyecto fue tramitado inicialmente como actuación de interés social por el Ayuntamiento de Azlor, aunque posteriormente este acuerdo fue revocado tras la presión vecinal y varias dimisiones en la corporación municipal, quedando el consistorio bajo la gestión de una junta gestora.
De forma paralela, el documento señala que la promotora ha iniciado consultas ambientales ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) para una nueva planta en el término municipal de Loporzano, lo que ha motivado la organización de plataformas vecinales en municipios próximos como Tierz y Quicena.
Además, el Gobierno de Aragón ha declarado recientemente de interés autonómico tres proyectos adicionales de generación de biogás en Lupiñén (Hoya de Huesca), Agón (Campo de Borja) y Bujaraloz (Monegros), promovidos por la empresa Biogás Power. Esta figura administrativa permite la tramitación preferente y la reducción de plazos en distintos procedimientos administrativos.
La Asociación Stop Biogás Somontano sostiene que este tipo de instalaciones puede tener impactos en el entorno rural, el tráfico, la actividad turística y sectores económicos como el vitivinícola, especialmente en comarcas como el Somontano, donde el turismo y la producción de vino tienen un peso relevante en la economía local. La entidad también ha trasladado al Justicia de Aragón su preocupación por la gestión de residuos, el transporte asociado a las plantas y la falta de información pública durante algunas fases del proceso.
El Justicia de Aragón mantiene abierto el expediente y ha reiterado su petición de información al Ejecutivo autonómico para esclarecer las actuaciones administrativas vinculadas a estos proyectos.
