La Comarca de La Ribagorza aprueba su presupuesto para el ejercicio de 2018

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El popular Joaquín Senz tomaba este jueves posesión como consejero en la Comarca de La Ribagorza en sustitución de la alcaldesa de Bisaurri, Pilar Saludes, que había presentado su dimisión al no poder compaginar su vida laboral con la alcaldía y sus responsabilidades como consejera comarcal. Lo ha hecho en una sesión plenaria en la que el asunto más importante de los tratados ha sido el de la aprobación del presupuesto de la entidad para el presente ejercicio de 2018.
No ha habido sorpresas con unas cuentas que ya habían sido analizadas hace unos días en Benabarre por la Comisión Consultiva que dio el visto bueno a un presupuesto consolidado de 5.524.000 euros que fue refrendado ayer por el pleno comarcal. Las partidas de personal –2.718.300 euros, un 49,21% del total- y gastos corrientes -2.463.870 euros- son las principales en el capítulo de gastos siendo los servicios de acción social, tratamiento de residuos, extinción de incendios y transporte escolar las más importantes.
Por lo que hace referencia a los ingresos, las tasas –por las que la Comarca ingresa 1.413.000 euros- suponen un 25,58% de ellos, siendo las transferencias corrientes y los convenios con el Gobierno de Aragón, de forma mayoritaria, y con la DPH y los ayuntamientos los que completan el resto de las aportaciones.
Como ya hiciera en Benabarre, la presidenta comarcal, Lourdes Pena, destacaba que en los últimos años se ha podido rebajar el déficit de la Comarca en 573.000 euros, lo que ha generado un importante deshago en la tesorería de la entidad, y que se ha hecho un importante esfuerzo para equiparar ingresos y gastos.
Por otra parte, en el pleno también se han analizado varias mociones como las dos del PSOE relacionadas con el Impuesto de Actividades Económicas y las restricciones que impone el Ministerio de Hacienda a las Administraciones Locales a invertir sus superávits. En la primera de ellas, se exigía el ingreso del IAE a los municipios con centrales afectadas por el proceso de reversión de sus concesiones mientras que en la segunda se demandaba la eliminación de las trabas que se les plantean a estas Administraciones a la hora de gestionar sus recursos propios y que se les permita hacer uso de sus balances positivos.

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