Los trabajadores de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón denuncian que, como cada año por estas fechas, se encuentran ante la incertidumbre de si van a poder trabajar o no. Lo hacen con el telón de fondo del anteproyecto de los presupuestos de la comunidad autónoma que prevé una drástica reducción de la partida para el mantenimiento de estos Espacios, que pasaría de los 400.000 euros del ejercicio de 2015 a los 60.000 que se prevén para 2016.
«Un año es porque la empresa que nos contrata no se ha hecho con la planificación, otro porque desde la DGA no han realizado la encomienda a la empresa que nos contrata…, éste año es porque desde el departamento de Intervención de la DGA no han dado luz a las partidas presupuestarias que son las que financian los servicios que prestamos», explican los afectados quienes abundan en que, a día de hoy, no saben cuándo ni cuánto tiempo van a trabajar, que los trabajadores de las oficinas de desarrollo socio económico todavía no saben si va a sobrevivir el papel que justifica su existencia, que SARGA, empresa pública responsable de su contratación, «se lava las manos» y tira la pelota sobre el tejado del Gobierno de Aragón, desde dónde se la ceden al consejero Joaquín Olona quien a su vez la vuelve a pasar a SARGA.
Los afectados recuerdan la bajada «continuada y constante» de los recursos que se destinan en nuestra comunidad al medio ambiente y a los espacios protegidos. El comité de empresa de SARGA señala que esta disminución de recursos ha conllevado en años anteriores la pérdida de numerosos puestos de trabajo relacionados con la protección de la naturaleza y puede suponer ahora la desaparición de las oficinas de desarrollo socioeconómico de los Espacios Naturales.
«Son unos entes que conocen y viven directamente la problemática de las gentes, que gestionan los escasos recursos de que disponen con la eficacia que da el conocimiento del medio donde trabajas y las diversas situaciones y problemáticas que se dan en el día a día», comenta Néstor Bolívar, representante de personal en SARGA, quien apunta que los recortes presupuestarios no son la mejor manera de mantener los Espacios Protegidos.
Bolívar comenta que en los últimos siete años se han reducido los presupuestos en un «alarmante» 45 %, reduciendo el número de trabajadores que prestan servicios de vigilancia y mantenimiento, en tiempos de contratación de los mismos y en ayudas a entidades locales, particulares y asociaciones. «Somos conscientes también de la situación de las Oficinas de Desarrollo Socioeconómico -donde en este mismo período la reducción ha sido del 66% quedándonos una persona por oficina y realizando el trabajo de las tres que había con anterioridad contratada-, que a día de hoy ya sabemos que no van a tener una partida presupuestaria específica de la Dirección General de Sostenibilidad para mantener los puestos de trabajo y en consecuencia a las personas que desarrollamos nuestra labor en estos territorios desde hace más de 10 años», añade.
En idénticos términos se expresa el alcalde de Benasque, José Ignacio Abadías, quien días atrás remitía un comunicado al Gobierno de Aragón, firmada también por los alcaldes de Gistaín, Montanuy, San Juan de Plan y Sahún, municipios por los que se extiende el Parque Posets-Maladeta, en la que se pedía el incremento de los recursos económicos destinados a estos espacios o la derogación de las Leyes de Declaración y Constitución de los mismos. Abadías considera que, antes de legislar, la Administración debería ser consciente del coste económico que ello conlleva.
Alcaldes y trabajadores afectados recuerdan que la creación de estos Espacios se hizo bajo el amparo del “interés general”, que generó numeroso perjuicios e inconvenientes en las zonas afectadas y que estuvo acompañada por unas promesas de desarrollo socioeconómico, generación de puestos de trabajo, promoción turística de sus entornos, ayudas económicas a empresas y administraciones locales, dinamización de los territorios o el asentamiento de población en las zonas rurales. «Todos ellos objetivos loables que estaban destinados a compensar las afecciones y limitaciones que dichas figuras de protección ejercen sobre los habitantes de estos territorios, cercenando en muchos casos sus derechos históricos, sus costumbres y hábitos de vida», sostienen recalcando que se sienten «ninguneados» ante una propuesta presupuestaria que, en lugar de premiar, castiga el uso «equilibrado y sostenible» del territorio transmitido generación tras generación.
