La iniciativa busca crear empleo, fomentar la incorporación de jóvenes y mujeres al campo, y asentar población en el medio rural
El Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023–2027 no es solo una línea de ayudas para Aragón: funciona como una palanca de transformación en el medio local. Su previsión final apunta a una inversión global de 575 millones de euros, dentro de un modelo de financiación que ha contado con reconocimiento expreso de su buena gestión en periodos anteriores. Pero, más allá de las cifras, el plan busca dejar una huella concreta en el territorio: más empleo, más jóvenes incorporados, explotaciones más modernas y una red de iniciativas público-privadas que ha impulsado a la población rural aragonesa.
Ese impacto se mide, sobre todo, en personas. El PEPAC contribuye a la creación de empleos directos, con una presencia muy significativa de jóvenes y mujeres, y facilita la incorporación de jóvenes agricultores gracias a 57,5 millones de euros movilizados en el ámbito sectorial. El resultado no es menor: en un contexto de despoblación y relevo generacional frágil, el plan ayuda a sostener una actividad que de otra forma sufriría consecuencias difíciles de revertir.
En el territorio, la aplicación del PEPAC se percibe en decisiones cotidianas que afectan, primero de todo, al paisaje. En el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, el presidente de su patronato José Luis Otín resume bien esa lógica: “el parque no puede entenderse solo como un entorno de naturaleza salvaje, porque está habitado y ha de buscarse también el equilibrio con que haya población y actividad económica”. Su testimonio subraya que mantener campos cultivados y ganado “no es una nostalgia del pasado, sino una forma de prevención frente a los incendios y de garantía para conservar el propio patrimonio natural”.
En este contexto existen otras iniciativas que resultan decisivas para lograr los objetivos propuestos. Arrocera del Pirineo representa una de ellas, buscando convertir el conocimiento en valor añadido para el territorio. José Vicente Murillo, presidente de la cooperativa, explica que el proyecto “investiga sobre técnicas de cultivo y comportamiento del arroz para mejorar decisiones y afinar el modelo productivo”. La información es poder, dice, y gracias a ello ya se han podido prevenir daños de plagas mediante métodos respetuosos con el medioambiente.
Por otro lado, más allá de lo puramente material, las inversiones del PEPAC marcan una dimensión humana mucho más directa, donde cobra sentido apuntalar y dar continuidad a los legados familiares del campo. José Manuel Trallero conoce bien esa realidad. Hace más de tres décadas decidió abandonar su trabajo en una fábrica de Barbastro para regresar a su pueblo, Almazorre, y ampliar la explotación la explotación de sus padres en plena Sierra de Guara. Desde entonces ha impulsado nuevas instalaciones, aumentado el número de cabezas de ovino y diversificado la actividad con iniciativas vinculadas al turismo gracias a unas ayudas que le han facilitado acometer inversiones en infraestructuras y maquinaria. Su principal preocupación, dice, es el relevo generacional, aunque mantiene el “deseo de que nuevas generaciones sigan apostando por vivir y trabajar en el medio rural”.
El capítulo de la colaboración público-privada a través de los fondos LEADER completa el retrato de un PEPAC que no se limita a financiar actuaciones aisladas. Según Nacho Robredo, uno de los beneficiarios y gerente de Queso d’Estrabilla, este plan ha dado la posibilidad a pequeños empresarios para poder empezar su proyecto “y acelerar una evolución que, sin ese empuje, habría sido mucho más lenta”.
Esa orientación refuerza una idea que atraviesa todos los testimonios: cuando las políticas públicas se diseñan desde el territorio y para el territorio, el resultado no es solo una ayuda puntual. El Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023–2027 ya ha ayudado a cubrir las necesidades de varios proyectos de vida que explican mejor que cualquier balance administrativo por qué el campo sigue siendo una cuestión de estado. Ha demostrado que conservar, producir y habitar el territorio no son objetivos contrapuestos. Son, precisamente, las condiciones para que Aragón siga teniendo futuro en sus pueblos.
