Los veinte miembros participantes en la reunión de la Comisión Ejecutiva de ADELPA, celebrada este martes en Boltaña, estudiaron con preocupación y asombro los expedientes sancionadores que la Confederación Hidrográfica del Ebro ya ha iniciado contra cerca de una veintena de Ayuntamientos de esta entidad por verter sus aguas residuales al dominio público hidráulico sin contar con una depuradora construida para su tratamiento.
Los asistentes, procedentes de todo el territorio del Pirineo aragonés, consideran «inaudito» el hecho de que siendo la construcción y financiación de estas depuradoras competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA (del cuál depende la Confederación Hidrográfica del Ebro), por haber sido declaradas de interés general del Estado por el Plan Hidrológico Nacional, el propio MAGRAMA a través de la Confederación sea quien pretende sancionar a los Ayuntamientos por no tener sus depuradoras construidas, y por tanto verter sus aguas residuales sin el adecuado tratamiento.
Desde ADELPA recuerdan que, a su vez, el MAGRAMA encomendó la construcción de estas depuradoras al Gobierno de Aragón en el año 2008, con la consiguiente financiación, a través de la firma de un convenio que todavía se encuentra vigente. Por ello la Comisión Ejecutiva de la entidad considera que la responsabilidad por la no construcción de las depuradoras es absolutamente imputable a la misma administración que ahora pretende sancionar, que es el Ministerio, así como a la administración autonómica que es quien en último término se ha comprometido a construir estas depuradoras.
Así, esta Comisión Ejecutiva acordó exigir a estas dos Administraciones que clarifiquen la situación entre ellas.
Asimismo se acordó exigir el archivo de los expedientes sancionadores incoados por la Confederación, por los motivos alegados, y que en el supuesto de ser necesaria una defensa jurídica de los ayuntamientos ante los mismos, e incluso el pago de sanciones, los costes por ambos conceptos (defensa jurídica y multas) deben ser asumidos íntegramente por el Gobierno de Aragón.
