Flanqueados por un amplio dispositivo de control formado por efectivos de la Guardia Civil, de la Guardia Civil de Tráfico y de Protección Civil, un centenar largo de coches salían een la tarde del viernes de Benabarre hacia Puente de Montañana en una marcha lenta a 50 kilómetros por hora por la N-230 a la que se fueron añadiendo nuevos vehículos durante el recorrido formando una larga cola de más de diez kilómetros y que demoraba notablemente la circulación rodada por esta vía en esta jornada en la que la afluencia de esquiadores y visitantes hacia los centros invernales de los valles de Bohí y Arán aumentaban el ya de por sí elevado número de usuarios de la carretera.
Los participantes en esta marcha reivindicativa respondían así al llamamiento del consistorio benabarrense y de la Plataforma Unitaria Contra la Autopista Eléctrica, entidades convocantes de una Jornada Reivindicativa para mostrar el «rotundo» rechazo existente en las zonas afectadas ante el proyecto de Forestalia de Autopista Eléctrica Valsalada-Laluenga-Isona.
Responsables políticos y vecinos de Ribagorza, de la contigua comarca ilerdense del Pallars-Jussá y del resto del territorio por el que se pretende hacer pasar este tendido eléctrico se hermanaban en el este acto de protesta ante una infraestructura y una política de explotación del territorio del Aragón y la Cataluña rural que los presentes consideran «un auténtico despropósito». Son palabras de la alcaldesa de Laluenga, Cristina Juárez, que, acompañada por un grupo de sus convecinos, había querido estar presente en este acto reivindicativo que se iniciaba a las seis de la tarde en la Plaza Mayor de Benabarre con el despliegue de juna pancarta alusiva en la facha de la casa consistorial y concluía un par de horas después en Puente de Montañana con unas breves alocuciones de los convocantes y una concentración final de los participantes en la protesta.
Laluenga es el ejemplo perfecto de cómo se está gestionando este proyecto de tendido eléctrico que promueve Forestalia. «Es un auténtico despropósito desde el primer momento –insiste la alcaldesa- porque la empresa no ha hablado con los propietarios de las tierras por las que pretende montar las distintas instalaciones y llevar el tendido, no se ha consultado con el ayuntamiento y nos hemos encontrado de la noche a la mañana con un proyecto que prevé instalar en nuestro término municipal 106 hectáreas de placas solares, la superficie de 200 campos de fútbol, y más de siete kilómetros de líneas eléctricas que pasan en buena parte por la zona de regadíos modernizados que son el futuro de nuestro pueblo». Juárez se lamenta, además, de que estos regadíos modernizados que se pretenden arrasar con el proyecto de Forestalia habían conseguido que un grupo de jóvenes del municipio apostaran por dedicarse a la agricultura y mantener allí su residencia y ahora se les presenta un fututo «más que negro» si el proyecto de construcción de numerosas megacentrales fotovoltaicas y autopistas eléctricas que pende sobre buena parte de la geografía aragonesa sigue adelante.
También se achaca a Forestalia una política de ninguneo con los afectados por su proyectos. El alcalde benabarrense y congresista en Madrid por el PSOE, Alfredo Sancho, entiende que el procedimiento que se está siguiendo para tratar de sacar adelante la Valsalada-Laluenga-Isona es «fraudulento» y ratifica las afirmaciones de su colega de Laluenga al reconocer que no ha habido ningún tipo de información ni negociación previa con ayuntamientos y particulares afectados. «Nosotros nos hemos opuesto desde el primer momento a este tendido eléctrico y hemos presentado una serie de alegaciones ponderadas que Forestalia ha despachado diciendo que le impacto de esta infraestructura es escaso», comenta un Sancho que reafirma «al igual que el resto de los afectados» la oposición a este proyecto recalcando que «no puede haber desarrollo ni del territorio ni de las energías renovables contra la gente».
Más críticos se muestran, incluso, desde la Plataforma Unitaria Contra la Autopista Eléctrica, PUCAE, cuyo portavoz, Carlos González, considera que en su respuesta en las alegaciones presentadas Forestalia utiliza un tono «de una prepotencia y falta de respeto realmente insultante», sobre todo por el desprecio al mundo rural y que entiende que la construcción de las megacentrales fotovoltaicas–se han proyectado hasta la fecha 180 en Aragón, de las que 138 evacuarían fuera de las fronteras de la comunidad- y sus «sobredimensionadas» líneas de tendido eléctrico «supondría un golpe brutal para nuestras tierras, históricamente desfavorecidas y expoliadas por las empresas energéticas».
PUCAE recalca que esta línea «no aportará nada ni a los municipios ni a los territorios afectados, que utilizará solo como servidumbre de paso» y recuerda que, además de otras afecciones, una línea de alta tensión emite un zumbido de forma continua que aumenta si el tiempo es húmedo, «llegando hasta los 60 dBA. También apunta que las torres metálicas en celosía están diseñadas para tener una altura entre los 45 y 60 metros, más los cables del tendido y su correspondiente servidumbre de paso ya que, debido al alto peligro de incendio, se exige un amplio pasillo sin arbolado ni construcciones y con limitación de numerosas actividades productivas generando un impacto ambiental «muy severo».
El paso del tendido previsto por las inmediaciones de viviendas habitadas y locales sociales de varios de los municipios afectados era otro de los argumentos esgrimidos en la concentración final de Puente de Montañana. «Los de Forestalia –ironizaba la alcaldesa de Laluenga- han tenido la amabilidad de poner la línea tan cerca que varios de nuestros vecinos se podrán enganchar a ella con un simple empalme». A su lao, el edil de Viacamp recordaba que el proyecto parte por la mitad su término municipal y divide en dos al propi pueblo «haciéndonos un auténtico desastre». Junto a ellos, numerosos vecinos afectados por el proyecto se conjuraban para mantener la repulsa contra el proyecto e incrementar a partir de ahora los actos informativos, de concienciación ciudadana y reivindicativos contra esta avalancha de proyectos que, para Carlos González, « potencian el desarrollo de una red de transporte eléctrico doblemente privatizada y, por ende, de un modelo energético irracional, injusto, ineficiente e insostenible».
