El grupo popular en el Ayuntamiento de Benasque ha demandado la convocatoria de un pleno extraordinario en este consistorio pirenaico para debatir y buscar soluciones a la situación de las familias que residen en las Viviendas de Protección Oficial, VPO, del municipio. Recuerdan los del PP que estas VPO benasquesas se hicieron en 2011 con la donación por parte del Ayuntamiento de los terrenos en que se ubican y tras un convenio firmado con el Gobierno de Aragón «para que en Benasque hubiera vivienda disponible a un precio asegurado por la administración».
El objetivo era atender la demanda de un buen número de trabajadores de temporada del sector turístico y de residentes con rentas bajas y formaban parte de una novedosa promoción que incluyó un total de 66 VPO de entre 65 y 85 metros cuadrados, de las que 27 se destinaron a la venta y las otras 39 al alquiler con fines sociales. El Ayuntamiento insistió entonces en que se construyeran viviendas para poner a la venta y otras, dadas las especiales circunstancias de los demandantes de una residencia temporal por tener un contrato laboral de temporada tan habitual en las zonas turísticas, para que salieran en régimen de alquiler, una opción entonces pionera en Aragón y que se contempló como un programa piloto en nuestra comunidad.
Los pisos se distribuyen en dos bloques en una zona que ya se había urbanizado previamente a cargo del Ayuntamiento y tienen distintas tipologías: 18 de las que se pusieron en venta cuentan con tres dormitorios y con una superficie en torno a los 85 metros útiles y las otras nueve tienen unos 65 metros, mientras que las que se pusieron en alquiler son viviendas de uno y dos dormitorios. Cuentan con sus correspondientes plazas de garaje y trasteros y se encuentran en el paseo de Eriste, a la entrada a Benasque desde el sur.
El acuerdo alcanzado en su momento preveía que la construcción de las viviendas sería acometida por el Gobierno de Aragón, que pasaría a ser su titular, mediante un convenio de colaboración con la empresa que llevó a cabo los trabajos. Este convenio recogía que las viviendas en alquiler serían explotadas a un precio tasado durante diez años y que posteriormente pasarían a ser a todos los efectos propiedad de la constructora.
No obstante estas intenciones, en el PP consideran que el Gobierno de Aragón «hizo dejación de funciones» al desistir Suelo y Vivienda de Aragón de su responsabilidad y adjudicar a una empresa privada la gestión de unas viviendas de carácter público, extremo éste que es compartido plenamente por el alcalde benasqués, el aragonesista José Ignacio Abadías, quien se muestra taxativo al afirmar no compartir «en absoluto» la política de que unas viviendas «que se hacen con dinero público» pasen a ser en unos años de propiedad privada.
En 2011, la empresa Ezectra adquirió las 39 de alquiler en un concurso de enajenación convocado por el Gobierno aragonés, su anterior propietario. La condición era que durante 10 años debía mantenerlas en arrendamiento y a partir de esa fecha, o sea, a partir de 2021, podría venderlas. Fuentes de la empresa han asegurado que no hacen otra cosa que respetar esas condiciones y pasados 10 años acogerse a la posibilidad de la venta. Lo que ahora se pretende es enajenar los ocho pisos que se han quedado vacíos. «No vamos a vender todas», han asegurado, ya que deben respetarse los contratos de arrendamiento todavía en vigor y además su intención es «compatibilizar la vivienda de alquiler y la venta».
Por su parte, la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón ha confirmado que licitó en 2011 la venta de estas viviendas con el compromiso de mantener durante diez años la obligación de destinarlas al alquiler. «Trascurrido ese tiempo, la empresa tiene derecho a hacerlo». El departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, ha precisado que la política actual en materia de vivienda pública «es distinta y no se admitiría un acuerdo de estas características». Dicho esto, añade, «no se puede obligar a la empresa, que está en su derecho a venderlas».
«Hemos venido solicitando al equipo de gobierno PAR, PSOE y Cambiar que se preocupara por este asunto », denuncian los conservadores benasqueses recalcando que la empresa Ezectra, encargada de su gestión, «ahora está enviando burofax a los vecinos para que desalojen su vivienda», ya que la pretenden poner a la venta, como reza un cartel un cartel anunciador a la entrada de la urbanización. Algo que puede hacer con plena legalidad en función de ese acuerdo citado con el Gobierno de Aragón por el que, diez años después de su construcción, es ya titular legal de las VPO.
Una situación que, para los populares, va a generar un serio problema a 39 familias de la localidad «pues es sabido que la falta de vivienda para todo el año en Benasque es una realidad». Uno de los residentes, que lleva más de cuatro años habitando una de estas VPO, es concluyente al reconocer que es «imposible» encontrar vivienda en Benasque en el mercado libre por la carestía de los precios y afirma, rotundo, su voluntad de no abandonar su residencia, una decisión que, afirma, comparten la gran mayoría de los residentes en esta urbanización. «Si quieren echarnos, nos tendrán que sacar a todos a las malas porque no nos vamos a ir», sostiene este vecino que, como otros convecinos, se muestra renuente de momento a dar su nombre para evitar posibles represalias pero que es sabedor de que muchos de ellos tendrían «imposible, aunque lo quisiéramos» poder hacer frente a la adquisición en propiedad de las viviendas en que residen.
Ante esta problemática, el PP ha demandado la celebración de un pleno extraordinario en el que solicitarán que el Ayuntamiento destine el dinero que le va a conceder la DPH para la compra de Casa Juste a la adquisición de las VPO de alquiler, para que sea el consistorio el que las gestione, que se haga aportación del remanente de tesorería municipal a la compra de estos inmuebles y que se utilice el suelo municipal colindante a esta actuación urbanística para la creación de nuevas VPO municipales de alquiler.
Unas peticiones, sobre todo la primera de ellas, que parecen difícilmente asumibles por el equipo de gobierno municipal habida cuenta de que la subvención otorgada por la DPH para compra Casa Juste, junto a la que se espera pueda venir del Gobierno de Aragón, son aportaciones finalistas y no se puede cambiar su destino. El proyecto de convertir la citada Casa Juste en un moderno recinto balneario en pleno casco urbano benasqués también requiere de una aportación económica del consistorio, por lo que sus remanentes de tesorería están en buena medida comprometidos con este proyecto.
Así lo reconoce el alcalde, quien es consciente de la problemática existente con la vivienda de alquiler para los trabajadores que vienen a ejercer su empleo en el municipio y para los vecinos con rentas bajas por los elevados precios del mercado libre de las viviendas ofertadas. «Posiblemente sea necesario abordar un nuevo plan de VPO y es necesario también tratar de reconducir la situación actual, pero Benasque necesita un parque de viviendas a precios regulados», sostiene Abadías reclamando la cooperación de todos los sectores implicados en esta problemática.
