Aragón Sí Puede de Graus pide que se garantice la seguridad en el Centro Deportivo

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El grupo municipal de Aragón Sí Puede en Graus ha demandado al equipo de gobierno de este municipio que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los actos públicos celebrados en el Centro Deportivo Recreativo Gradense, CDRG, cuyo propietario es el ayuntamiento. Así mismo, esta formación reitera su petición de un informe jurídico sobre la instalación de cámaras de vigilancia en la vía pública.
La primera de estas peticiones está motivada por el hecho de que una correduría de seguros ha solicitado responsabilidad patrimonial al consistorio grausino por los daños que sufrió una persona en los baños del CDRG a causa del desprendimiento de unas losas del alicatado y la constatación por parte de distintos vecinos de la existencia de otros desperfectos y problemas en estas instalaciones municipales.
ASP ha reclamado en varias ocasiones que el Centro y el resto de espacios dependientes del municipio cuenten con todas las medidas de seguridad necesarias en los eventos públicos que se celebren y en que se respeten los aforos máximos permitidos. «Teniendo en cuenta que en breve se llevarán a cabo allí los actos programados para la celebración del Carnaval, hemos considerado necesario urgir al equipo de gobierno a que se tomen las medidas necesarias en el CDRG para que se pueda celebrar cualquier acto público contando con las medidas de seguridad adecuadas», explica Carlos González, portavoz de la formación.
Respecto del informe jurídico solicitado sobre la instalación de cámaras de vigilancia en diversos lugares de Graus, González apunta que, en opinión de su grrupo y con carácter general, «no deberían instalarse si no hay motivos de seguridad muy justificados, pues chocan con el derecho a la intimidad». ASP recuerda que «de manera especial» el caso más preocupante es el de la instalación por parte de un establecimiento privado grausino de unas cámaras de vigilancia en un espacio público, orientadas además hacia una vía urbana de la localidad. Cuando el grupo municipal de ASP conoció este hecho, solicitó en la comisión del cconsistorio pertinente un informe jurídico que permitiese valorar la legalidad o no de este caso concreto.

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