El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, y el de la Asociación Española de Municipios de Montaña, Francés Boya, han reclamado desde Huesca una discriminación positiva para las zonas rurales que, según ambos responsables, se traduce en “medidas fiscales, sociales y financieras” como incentivo para frenar el éxodo de población, especialmente en los territorios de montaña. Este ha sido uno de los principales mensajes de la comparecencia posterior a la firma del acuerdo por el que la Diputación pasa a integrarse en esta entidad que se fundó para defender los intereses de estos municipios y, en la actualidad, está promoviendo nuevas legislaciones que los protejan.
En su intervención, Miguel Gracia se ha mostrado contundente al manifestar que el mundo urbano “debe asumir que la gestión territorial es hoy un problema de Estado” y requiere, según el máximo responsable provincial, de la “concienciación” de la sociedad urbana para garantizar la “supervivencia de la zona rural”. Ha revindicado una vez más el “principio de equidad social” ante las desventajas naturales que impone la montaña a ciertas actividades económicas y también el reconocimiento de los beneficios que obtiene el conjunto de la sociedad, refiriéndose a los mecanismos de compensación -entre los que ha citado la reversión de los beneficios hidroeléctricos-, pero también de indemnización, incentivación, apoyo estructural o promoción. El Presidente de la Diputación compara la filosofía de esta Asociación con la de Adelpa, en el sentido de “trabajar en consenso con ayuntamientos de todos los colores políticos”. En el acto de hoy también han participado varios representantes de ayuntamientos altoaragoneses y Pablo Castán, como presidente de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo aragonés.
De los problemas que acucian a la montaña, tanto Miguel Gracia como Francés Boya han coincidido en apuntar al de la despoblación como el más urgente y han hablado de la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos de gestión en la provincia de Huesca y en la España interior en general. Estas zonas siguen perdiendo población y los datos que lo evidencian son muchos: el 40% del territorio de montaña tiene densidades poblacionales de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, propias de zonas desérticas. Una realidad que, tal como expresa el presidente de esMontañas, viene dada por “ser incapaces de tener un marco normativo específico que permita el desarrollo de actividades económicas y que la administración sepa distinguir unos territorios de otros”. Según Boya, “España se aleja cada vez más de esta lógica y los efectos de sus desequilibrios territoriales son ya muy preocupantes” y para ello alude a que cerca del 80% de la población del país se acumula en el 20% del territorio “desde la perspectiva de la cohesión territorial España es un auténtico desastre”, lamenta.
De ahí que el acuerdo sellado esta mañana contemple un reconocimiento de las zonas de montaña capaz de permitir el desarrollo de políticas específicas y cuyo punto de partida se sitúa en la necesidad de desarrollar del artículo 130.2 de la Constitución Española, con el fin de articular un marco que priorice las políticas públicas y coordine una acción concertada de las administraciones públicas de cara a paliar los procesos de despoblación y la degradación de estos amplios espacios territoriales.
Mejorar la participación en los Fondos del Estado, entre las líneas estratégicas
La Diputación Provincial de Huesca forma parte desde finales del año pasado de Euromontana (Asociación europea de zonas de montaña) y ahora hace lo propio con esMontañas, que nació en octubre de 2013 del impulso de un grupo de senadores y alcaldes de toda España. Su presidente, Francés Boya, ha expuesto hoy en Huesca algunas de las líneas estratégicas en las que ya trabajan desde la Asociación y entre las que se encuentra un plan para la mejora de la fiscalidad municipal, el desarrollo de un itinerario específico para facilitar el emprendimiento o la creación de una red -Montaña Viva- para facilitar el acceso al conocimiento y la conexión entre territorios históricamente aislados y otras dinámicas de relanzamiento económico. Este proyecto comporta un proceso de “labelización” de las zonas de montaña con una marca de garantía y calidad.
Boya propone desde esMontañas una “batalla” para mejorar la participación de los municipios en los Fondos del Estado, corrigiendo la situación actual de desequilibrio negativo y recuperando para la participación de estos fondos el concepto territorial donde a día de hoy las grandes ciudades reciben un 30% más por habitante. En el documento sellado también se incluye el impulso de una marca específica para los productos agroalimentarios de las zonas de montaña y modelos de desarrollo de la excelencia en actividades y ámbitos económicos a través del programa ‘Smarts mountains’, que incorpora criterios de formación y recursos para los emprendedores.
En la actualidad son más de 310o municipios los que se incluyen en la denominación de zonas de montaña, lo que supone el 38% de los municipios de España y un 20% de la población total, con casi 8 millones de personas.
