La Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y su techo de gasto está detrás de la necesidad que tiene la Comarca de la Ribagorza de externalizar –privatizar- parte de sus Servicios Sociales contratando una empresa que gestione el incremento de la plantilla necesario para atender el mayor número de casos asistenciales que gestiona el ente supramunicipal tras el desbloqueo de las ayudas a la dependencia que ha realizado el ejecutivo autónomo.
La presidenta ribagorzana, Lourdes Pena, señala que en los últimos meses han asumido una «encomienda de gestión» por parte del Gobierno de Aragón en asuntos de dependencia «por el que –apunta- nos hacemos cargo de los Servicios Sociales y los temas de Dependencia y de Ayuda a Domicilio en nuestro territorio». Las nuevas atribuciones suponen un incremento presupuestario de más de 600.000 euros e incrementan notablemente el volumen de trabajo que presta la comarca en este campo lo que ha hecho necesario la contratación de nuevo personal pasándose de las 42 auxiliares con que se contaba a finales de 2016 a las 56 actuales.
Pero estas contrataciones chocan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impide a las entidades públicas gastar más de un dos por ciento de lo que se había presupuestado el año anterior en esa partida. «Nosotros partíamos de una situación muy complicada y en estos dos últimos años hemos conseguido absorber el excedente de gasto y ahora que nos encontramos con que podríamos incrementarlo, la ley no nos deja», explica Pena recordando que, además, la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado recoge que la masa salarial del personal laboral sólo se puede incrementar en un uno por ciento para el ejercicio de 2018 y que la Comarca, por número de trabajadores, no genera una tasa significativa de reposición de puestos de trabajo con los que poder abordar este tipo de contingencias.
Hasta ahora, la Comarca de La Ribagorza ha paliado esta situación firmando un contrato menor con la Fundación Rey Ardid para que ésta se hiciera cargo de las nuevas auxiliares que exceden el cupo de personal que la ley autoriza. Pero está trabajando en la redacción de las bases del pliego para sacar a concurso público la prestación de este servicio que, seguramente, será presentado para su aprobación en un par de meses.
«El próximo pleno será en el que presentemos los presupuestos para el ejerció de 2018 y en el siguiente procuraremos tener ya dispuesto este pliego de condiciones», confirma la presidenta ribagorzana. Consciente de que la empresa privada no va a ofrecer a los contratados las mismas condiciones que la administración comarcal, Pena comenta que, «dentro de lo que podamos y nos permita la ley», en la redacción del pliego se van a fijar las cláusulas «más estrictas» para tratar de favorecer a los trabajadores y que tengan una situación laboral «lo mejor posible».
«Apostamos por la gestión directa por parte de la administración pero nos estamos viendo abocados a externalizar una parte de los Servicios Sociales para poder seguir atendiendo unos casos que, con las nuevas competencias, se han incrementado sustancialmente», sostiene Pena para quien, «entre otras cosas, la actual Ley de Presupuestos está diseñada para que se privaticen los servicios de las administraciones públicas». En este sentido, señala que el deseo del equipo de gobierno comarcal es que, «en el momento en que se relajen los requisitos por parte de Hacienda», la gestión íntegra «vuelva a la Comarca».
