Los alcaldes de los municipios por los que se extiende el Parque Natural del Posets Maladeta han decidido realizar un llamamiento a los ediles del resto de municipios aragoneses en cuyos términos se encuentran los espacios naturales protegidos de la comunidad para hacer un frente común y presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón unas reivindicaciones conjuntas de una mayor dotación presupuestaria para estos espacios y sus zonas de influencia o, en caso contrario, de derogación de la Ley de Parques Naturales y reversión a los municipios de los territorios afectados.
El salón de plenos del Ayuntamiento de Benasque acogía este miércoles un encuentro de los alcaldes de los municipios directa e indirectamente vinculados con el Parque Natural del Posets-Maladeta que se había convocado con el objetivo de analizar la situación creada por el recorte de los presupuestos destinados a los espacios protegidos en los últimos años y el anunciado cierre de las oficinas de desarrollo socio económico de seis de los siete parques aragoneses. Los ediles de cuatro de los cinco municipios directamente afectados, Sahún, Benasque, San Juan de Plan y Gistaín –ya que a última hora falló la alcaldesa de Montanuy debido a una reunión motivada por el análisis del fallo del Tribunal Supremo sobre el PGOU de su municipio, aunque mostró su solidaridad con los acuerdos alcanzados-, y los de las poblaciones vecinas de Villanova, Sesué, Chía, Castejón de Sos, Bisaurri y Laspaúles escucharon las explicaciones de Néstor Bolívar, miembro del comité de empresa de SARGA, sobre la problemática de los trabajadores del Parque y los del retén de prevención y extinción de incendios del Alto Ésera y debatieron posteriormente acerca de la desinversión sistemática que se está produciendo en los últimos años en los espacios naturales aragoneses y las medidas de presión que se pueden adoptar.
Por encima de cualquier otra consideración, en la reunión quedó patente el malestar existente en la zona ante el recorte de los fondos destinados a los parques naturales y la progresiva pérdida de puestos de trabajo que ello ocasiona. «Si de un presupuesto de 400.000 euros en 2015, que ya se había ido recortando sensiblemente en años anteriores, pasamos ahora a una previsión de 60.000 y encima el Gobierno de Aragón pretende cargarse seis oficinas medioambientales, cómo nos vamos a sentir?», se preguntaba José Ignacio Abadías recalcando la pérdida de puestos de trabajo y la precariedad laboral que estos cierres y el resto de recortes ocasionan en unos territorios que tienen en la despoblación uno de sus principales problemas. «Por no hablar de la ineficacia que generará trasladar la gestión de las oficinas a Zaragoza porque estos servicios son ahora los que están más ligados al territorio, con una información muy fluida e intensa de las necesidades reales que tenemos», apuntaba el alcalde benasqués recordando que, no obstante, los alcaldes no iban a tomar una decisión en firme hasta haber podido analizar el resultado de la reunión que este miércoles por la tarde mantenía en Zaragoza el consejero Joaquín Olona con los presidentes de los parques naturales aragoneses.
Quien tampoco se resignaba a asumir los recortes era la alcaldesa de Sahún, Lourdes Ascaso, quien declaraba tras el encuentro que todos los presentes habían reconocido que las oficinas medioambientales tienen que estar en la zona donde se encuentran los espacios protegidos. «No estamos por la labor de quedarnos con los brazos cruzados mientras van suprimiendo los servicios de la zona por lo que nos hemos planteado convocar a todos los alcaldes de los municipios afectados por los recortes y, juntos, demandar lo que se nos está quitando», señalaba. Ascaso recordaba ante sus interlocutores los «brutales» recortes en las subvenciones a los espacios protegidos que se vienen produciendo en los últimos años y se declaraba dispuesta a ir «adonde haga falta» para revertir esta situación o, si no, exigir que se derogue la Ley de Parques y que los territorios afectados reviertan en los ayuntamientos y particulares propietarios originales «que ya los gestionaremos».
Aunque no pudo estar en la reunión por causa de fuerza mayor, la alcaldesa de Montanuy, Esther Cereza, hizo pública su «desesperanza» por el abandono de la administración autonómica. «Creemos que, tal como están las cosas ahora mismo, la figura de protección y la forma en que se está utilizando no sirve para el mundo rural porque a este paso vamos a desaparecer todos», señalaba entendiendo que, ante el recorte de las inversiones en los espacios naturales, «al punto en que nos están llevando, no hace falta tener parque natural».
Ellos, junto con los ediles de San Juan de Plan y de Gistaín, representan a los municipios más directamente afectados por los recortes económicos en el Parque Posets. Pero el resto de alcaldes presentes en la reunión benasquesa consideran que esta es una situación que les atañe a todos. Lo resumía el de Laspaúles, Juan Ignacio Espot, al señalar que apoyarán todas las decisiones y reivindicaciones que se planteen y la exigencia de que se dote con un mayor presupuesto a los espacios naturales «porque es algo que directa o indirectamente nos beneficia a todos».
