Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha echado abajo la modificación del plan parcial de ordenación urbana aprobada por el Partido Popular en 2012 y que daba vía libre al aumento de edificabilidad exclusivamente para la urbanización Badaguás, incrementándola hasta el 10%. Una norma que el PSOE, entonces en la oposición municipal, llevó a los tribunales por considerar que atentaba contra los principios de igualdad, y a quien la Justicia acaba de dar la razón.
Juan Manuel Ramón y Olvido Moratinos, alcalde y teniente de alcalde de Jaca, respectivamente, acompañados por Susana Lacasa y Pedro González, daban a conocer la sentencia que les respalda, y que anula el acuerdo plenario que daba vía libre a esta norma “excepcional” para Badaguás y obliga al Ayuntamiento a hacerse cargo de las costas del juicio (hasta una cantidad de 1.500 euros). Un Ayuntamiento que ahora gobierna el PSOE y que deberá asumir los costes derivados del proceso consecuencia de la decisión tomada por el anterior equipo de Gobierno, del PP.
Los hechos se remontan a 2012. El PP proponía la aprobación puntual del plan parcial de urbanismo para Badaguás, una norma que daba vía libre al cerramiento de porches y a la construcción de otros elementos, como voladizos o leñeros, permitiendo un exceso del 10% por encima de edificabilidad legal. “No hablábamos de una modificación del plan general de ordenación urbana, sino de una modificación del plan parcial de Badaguás”, ha explicado Moratinos. Ello suponía un claro agravio comparativo frente a otras urbanizaciones del término municipal en similares circunstancias, por lo que el rechazo del PSOE se puso de manifiesto desde el primer momento.
El 16 de mayo de 2012, la junta de Gobierno local (formada exclusivamente por el Partido Popular) aprobó inicialmente la modificación puntual del plan parcial de Badaguás, que fue “redactada de oficio por los técnicos de los servicios municipales por encargo del PP”, matiza la teniente de alcalde. En la Comisión de Urbanismo previa, el PP votó a favor, el PSOE, en contra, y Partido Aragonés y Chunta Aragonesista se abstuvieron. Tras la aprobación inicial, se abrió el plazo para la presentación de alegaciones por parte del Grupo Socialista y de ciudadanos particulares, que se llevaron a pleno el 10 de agosto de 2012, y que fueron desestimadas. El pleno aprobó la modificación de la norma con los votos en contra de PSOE, CHA, y la abstención del PAR. Salió adelante con el voto favorable en solitario del Partido Popular.
Moratinos ha querido poner de manifiesto la importancia de la labor municipal. “Un trabajo –ha dicho– que tiene que ser útil para los ciudadanos, porque somos representantes de los ciudadanos, se esté en el Gobierno o se esté en la oposición. Es un trabajo totalmente necesario e imprescindible, porque incidía en evitar esa discriminación y esa desigualdad, ya que solamente se estaba tratando la modificación para Badaguás”.
El 16 de enero de 2013 se procede a la aprobación definitiva de la polémica norma. En este caso, los votos a favor fueron del PP, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés, y el voto en contra del PSOE. Todo ello a pesar de un informe del Consejo Provincial de Urbanismo “totalmente desfavorable a esta modificación, un informe demoledor”, explican los socialistas.
“Jaca es la ciudad de Jaca y otros 33 municipios más”, ha explicado Moratinos, con lo que era patente es “clara desigualdad y discriminación” hacia los demás, motivo que llevó al PSOE a llevar el asunto al Contencioso Administrativo, solicitando al mismo tiempo la suspensión cautelar de la norma. Esta suspensión llegó, por parte del Tribunal Superior de Justicia, el 5 de septiembre de 2013.
La sentencia, contra la que cabe recurso de casación, tiene fecha de 28 de abril de 2016, y da la razón al Grupo Municipal Socialista, declarando que el acuerdo plenario en el que se aprobó la norma que permitía a Badaguás el exceso de edificabilidad “no es conforme a derecho” y condenando al Ayuntamiento a las costas del proceso.
Los fundamentos jurídicos de la sentencia recogen, literalmente, que “no está suficientemente motivada la justificación y necesidad de la modificación del pan parcial y que no está basado en el interés general y que puede ser contrario al principio de igualdad”. Para ello, se basa en que la única justificación que se establece en el expediente para defender la modificación de la norma es que “han existido peticiones para legalizar o regularizar este tipo de construcciones cuando el promotor había agotado la edificabilidad y que se trata de una petición sin incidencia urbanística, de microurbanismo”. En este sentido, “la sala entiende que en absoluto es justificable la modificación de la ordenanza del plan parcial que es objeto de recurso”, recoge el documento, que añade que “no hay por tanto –o no se ha acreditado- interés general en la justificación”.
La sentencia señala además que “hay un evidente y no justificado trato desigual al probar esta modificación. No se justifica en el expediente por qué ha de incrementarse la edificabilidad un 10% en esta urbanización y no en otras”.
El Partido Socialista ha pedido cuentas a los concejales del Partido Popular, y les insta a “que pidan disculpas y asuman responsabilidades”, ya que los concejales del PP, que hoy están en la oposición, entonces, en la anterior legislatura, formaban parte del equipo de Gobierno. Moratinos ha recordado que “el partido que estaba en el gobierno (PP) no miraba por ese interés general de los ciudadanos, y el trabajo que se realizó por la oposición, por parte de los compañeros que estaban en el Grupo Municipal Socialista, está claro que velaba por esa igualdad de derechos”.
Ahora habrá que esperar a que la sentencia sea firme, para actuar en función de cada caso concreto, porque hay construcciones que se ajustan a la legalidad, otras que son anteriores a la norma y otras que están fuera de ordenamiento. En este sentido, el alcalde, Juan Manuel Ramón, ha señalado que “el Ayuntamiento tendrá que tomar decisiones al respecto de estas construcciones que fueron legalizadas” en base a la norma que ahora se ha declarado ilegal. “No hay que olvidar que quienes las legalizaron lo hicieron en pro de una normativa que en aquel momento estaba aprobada (y que hoy ha sido anulada), y por lo tanto eso podría llevar también responsabilidades municipales”, ha dicho, y ha anunciado que “habrá que analizarlo”.
