Por Lola Gª Casanova
Paco Boya, aranés y buen conocedor de la provincia de Huesca, ocupa el cargo de secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica.
-Comenzó como concejal de Les -Valle de Arán- en 1981. ¿Queda alguna pregunta o aspiración de aquella época que pueda resolver como secretario general para el Reto Demográfico?
Mi motivación para participar en política siempre ha sido el trabajo en el ámbito local. La Secretaría General es una oportunidad para trabajar en favor de una parte del país que se ha sentido olvidada.
-En principio, su Secretaría prevé manejar un presupuesto de 10.000 millones de euros. ¿Puede concretar cuáles van a ser los ejes de trabajo?, ¿qué temas resultan los más urgentes en la España despoblada?
Manejamos un ambicioso plan de 130 medidas para hacer frente a las urgencias de los territorios más afectados por la despoblación. Todo ello en línea con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades y una adecuada prestación de servicios en cualquier territorio.
Las actuaciones en digitalización y plena conectividad del territorio, el fomento del emprendimiento y la innovación como elemento tractor de la economía rural, el impulso de la transición ecológica a través de las energías renovables o la aplicación de la perspectiva de género a todos los niveles de la administración territorial son algunas de las líneas maestras de nuestro plan.
-A este Plan, ¿cómo le afecta la pandemia?
La crisis sanitaria, política y social derivada de la pandemia de COVID-19 es una de las más duras a las que nos hemos enfrentado en el último siglo. Es innegable. Sin embargo, como todas las grandes crisis, esta también ha abierto ventanas de oportunidad. La pandemia ha provocado un replanteamiento de la estructura demográfica de este país y ha puesto sobre la mesa la importancia del mundo rural para el mantenimiento de las ciudades.
Es la primera vez que las ciudades asoman sus puntos débiles desde que absorbieran hace décadas el paradigma de la modernidad. La sostenibilidad, la posibilidad de una redistribución demográfica más equitativa que no deje de lado el territorio, el teletrabajo como una realidad palpable o la reconexión con entornos más naturalizados -por así decirlo- son algunos de los debates que ha levantado la COVID. De ahí que debamos aprovechar este tiempo para revertir las tendencias injustas y regresivas que han mantenido a las zonas rurales en un segundo plano. Se trata de poner al alcance de los ciudadanos las herramientas necesarias para aprovechar esas ventanas de oportunidad y traducir los diagnósticos en acciones concretas sobre el territorio. Eso es lo que perseguimos, de manera transversal entre todos los departamentos ministeriales, comunidades autónomas y entidades locales, con la activación de las líneas de acción prioritarias marcadas por el Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico.
-La despoblación lleva décadas sucediendo, de hecho, algunos piensan que se llega tarde y la situación resulta compleja y con gran diversidad entre unas zonas y otras. En algunas provincias incluso ya no queda gente para emprender… Este Plan ¿se podrá ajustar a la realidad de los territorios?
Es precisamente uno de los puntos clave en nuestra hoja de ruta. No se trata únicamente de reconocer la ruralidad del territorio, sino las distintas ruralidades que conviven en un país como el nuestro para entender las necesidades y oportunidades que se plantean en cada zona en declive demográfico.
No es tarde para actuar. Es cierto que una acción más temprana habría ayudado, pero el empuje, el talento y la capacidad de trabajo de quienes mantienen vivo el entorno rural garantizan el futuro de los pueblos. Todo ello, unido a la labor de escucha que este Gobierno realiza sobre el territorio a través de mecanismos de participación social como las manifestaciones de interés, hace que contemos con los elementos necesarios para identificar e implementar medidas y acciones concretas adaptadas a las distintas ruralidades del territorio.
-El valle de Arán -y en general el Pirineo- cuentan con el turismo como principal recurso. ¿El futuro del medio rural nos conduce al monocultivo del turismo?, a esperar a que nos visiten los urbanitas…
El turismo tiene que ser una pata más del desarrollo rural. Pero hablamos de un turismo sostenible, apoyado en la conservación y protección del patrimonio natural y la cultura de los territorios y el aprovechamiento de los recursos endógenos como elemento diferencial de las zonas rurales.
El futuro de estas zonas pasa por el turismo, está claro, pero también por la modernización de los sectores tradicionales, la inversión en emprendimiento e innovación territorial, el desarrollo de la industria, la deslocalización de centros de la Administración Pública o la generación de renovables hacia un modelo energético respetuoso con los límites del planeta. Todo eso también tiene cabida en la España rural.
-Al medio rural se han destinado fondos públicos como Leader, o los de Cohesión- aunque se usaron por ejemplo para financiar el AVE… ¿qué novedad aporta esta secretaría?
La de coordinar una tarea transversal a todos los niveles de la Administración Pública, un modelo de gobernanza multinivel fundamental para poner en marcha las medidas oportunas en cada territorio en materia de reto demográfico.
También la labor de fomentar y propiciar el diálogo con los diferentes actores territoriales que vertebran nuestro modelo demográfico. Hablamos de asociaciones, académicos o particulares cuyas experiencias e ideas pueden ayudar a marcar esa agenda de cohesión territorial e igualdad de oportunidades. El Foro para la Cohesión Territorial o la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico son algunos de los instrumentos que nos ayudarán a aterrizar en los pequeños municipios las inversiones contempladas en el Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico.
– ¿Han pensado en impulsar la tarifa eléctrica diferenciada en función de la cercanía al lugar de producción?
En este punto la posición es clara. Debemos incentivar modelos de negocio en el territorio. Hablamos de proyectos de autoconsumo, de comunidades energéticas locales, de empoderamiento de los ciudadanos para que formen parte de un sistema energético descentralizado… Eso es lo que está impulsando el Gobierno desde este Ministerio.
Prueba de ello son, por ejemplo, las más de 1.000 iniciativas en materia energética recibidas a través de la manifestación de interés de reto demográfico que activamos a finales de 2020 y que nos ha ayudado a tener una foto más clara de las oportunidades del territorio en energía.
-¿Cómo revertimos esa cantinela de años que dice que para vivir bien hay que irse a la capital…?
Dotando de las mismas oportunidades a las zonas rurales. Es algo en lo que insistimos continuamente. Es fundamental garantizar la igualdad de derechos en todo el territorio para fijar población y atraer talento a las zonas más castigadas por el declive demográfico. Aspiramos a asegurar a todos los ciudadanos que van a poder desarrollar su proyecto profesional o vital en el lugar que ellos decidan y que contarán con una adecuada prestación de servicios y con las mismas oportunidades que en entornos urbanos.
-España presenta uno de los índices de natalidad más bajo de todo el mundo. Usted está al frente del Reto Demográfico, ¿cree, de verdad, que en España se incentiva y apoya a las familias que desean tener hijos vivan en el medio rural o en el urbano?
En las políticas de familia no se puede empezar la casa por el tejado. No habrá una política eficaz si no se trabaja por mejorar las condiciones laborales, sociales y económicas de la población, especialmente joven, y más aún las mujeres.
La Encuesta de Fecundidad del INE de 2018 es el mejor instrumento que disponemos para orientar nuestras acciones y para saber dónde están las brechas y las desigualdades: los motivos por los que las mujeres y los hombres no han tenido hijos son, en primer lugar, las razones económicas, y en segundo lugar, las razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral.
Por eso, las políticas sociales deben dirigirse, en primer lugar, a afrontar las brechas de desigualdad que aún existen en nuestra sociedad y nuestra economía y que explican las medidas que tomamos: mejora del salario mínimo interprofesional, aprobación del ingreso mínimo vital, ley de trabajo a distancia, planes de vivienda para jóvenes -especialmente en núcleos de menos de 5.000 habitantes-, aumento de las prestaciones por hijo a cargo…
